Aprobado el texto de PSOE e IU-ICV para reforzar la oficina de víctimas y apoyar las exhumaciones

• Ambos acuerdan pedir la modificación de la Ley de Memoria Histórica
• Creen que así se restituye la memoria de las víctimas

El Pleno del Congreso ha aprobado esta noche, con el voto en contra del  PP, un texto pactado entre el PSOE e IU-ICV sobre la aplicación de la  llamada Ley de Memoria Histórica que deja en manos de la  interpretación de los jueces y tribunales la persecución de los  crímenes contra la humanidad que según, recalca el texto, está  amparada por el ordenamiento jurídico vigente.

Con este acuerdo  también se pretende reforzar la Oficina para las Víctimas de la  Guerra Civil y garantizar a responsabilidad de los poderes públicos  en las exhumaciones de fosas.

Aunque el texto aprobado no menciona expresamente la investigación  judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez  Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado, sí recuerda que la  legislación española "obliga de modo indudable y suficiente, a la  persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio". No  obstante, al mismo tiempo resalta que "la aplicación e interpretación  de toda esta legislación corresponde a los jueces y tribunales".

También se ha incluido otro punto para "garantizar la  responsabilidad pública e institucional en las labores de  localización, exhumación e identificación de las fosas o  enterramientos de las víctimas del franquismo, así como a la  divulgación de los resultados, a pasando a ser ésta una política  pública e institucional garantizada por el conjunto de las  Administraciones y por la Administración General del Estado con  carácter subsidiario"

El texto defiende a quienes investigan los crímenes del franquismo y que pide la modificación de la Ley de la Memoria Histórica, de manera que se garantice la responsabilidad de las administraciones en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de víctimas.

Así lo han explicado el diputado de ICV, Joan Herrera, y el portavoz socialista, José Antonio Alonso, en sendas ruedas de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso.

Ambos grupos instan al Gobierno a garantizar "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo", de manera que sea una política garantizada "por el conjunto de las administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario".

Con este acuerdo, ha explicado Alonso, se restituye la memoria de las víctimas y se da satisfacción a sus familias, además de evitarles el "via crucis" que, según Herrera, deben atravesar en la actualidad para localizar los restos de sus desaparecidos.

Refuerzo de la Oficina para las Víctimas

Además, con esta propuesta pretenden reforzar la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, "asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria".

Además de la responsabilidad institucional en las labores de exhumación e identificación, PSOE e IU-ICV quieren que se garantice la divulgación de los resultados.

Ese compromiso incluye, según el acuerdo, "impulsar las reformas normativas que sean necesarias", aunque el Gobierno no tiene en mente tocar la Ley de Memoria de 2007, como reclamaba inicialmente IU-ICV, sino sólo alguno de los reglamentos que la desarrollan. 

El acuerdo incluye el compromiso de dar a conocer el mapa de fosas, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas y "conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas" de la  dictadura.

Suspender ayudas a las exhumaciones para reducir el déficit

El 'popular' Jorge Fernández  Díaz, que, como hizo la diputada de UPyD, ha aludido a la intervención  del comunista Marcelino Camacho durante el debate de la Ley de  Amnistía para arremeter contra quienes quieren reabrir el debate  sobre "una pieza jurídica que es clave de bóveda del pacto  constitucional".

"Reconocemos y respetamos el derecho de toda persona a que sus  muertos sean enterrados debidamente; apoyamos se abran las tumbas  pero no al precio de reabrir heridas", ha sentenciado, antes de solicitar  que se suspendan las subvenciones a las entidades de memoria  histórica que se conceden primando los proyectos de exhumaciones.  "Han recibido más de 19 millones, ya es suficiente, deben y pueden  quedar suspendidas", dijo, para contribuir a la reducción del  déficit.