El juez Bermúdez aboga por tipificar como delito la difusión de propaganda terrorista

• El magistrado también reclama que la financiación del terrorismo sea considerada un delito autónomo

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha abogado en Salamanca por modificar el actual Código Penal con el objetivo de incluir "el delito de difusión de propaganda y conocimientos terroristas" y el "delito autónomo de financiación del terrorismo".

El magistrado, que presidió el tribunal que juzgó el 11-M y participa en un congreso de Derecho Penal, ha justificado su propuesta en que el "terrorismo yihadista la hace necesaria", ya que, a su juicio, "el delito de difusión de propaganda y conocimientos terroristas es preciso".

En este sentido, ha señalado que "la amenaza terrorista ha cambiado y se ha sustituido la estructura jerarquizada de ETA por el nuevo terrorismo yihadista, que cuenta con grupos locales semiautónomos que usan Internet como parte de su adiestramiento a modo de campo de entrenamiento virtual". Con estas modificaciones, el magistrado pretende que se haga frente a la "captación de prosélitos" que realizan los grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda a través de la red.

Sobre la tipificación del delito de financiación del terrorismo, Gómez Bermúdez ha defendido que se formule como "autónomo", ya que, hasta ahora, se incluye dentro del de "colaboración con banda armada".

Combatir el terrorismo con la ley

Durante su intervención en la mesa redonda "20 años de reformas penales", el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha repasado también las modificaciones legales que el Derecho Penal ha sufrido en España a lo largo de las dos últimas décadas. 

En este marco, ha asegurado que el terrorismo "debe combatirse con leyes y actuaciones judiciales, y no con una guerra", si bien ha aceptado que "la subversión" del orden establecido "sí podría dar lugar a una respuesta bélica", aunque, según ha señalado, "ningún grupo terrorista es capaz de derrocar a un estado democrático".

Esta situación, en palabras de Gómez Bermúdez, únicamente podría producirse en el caso de que "los ciudadanos pongamos en nuestros gobernantes un poder desorbitado para llegar a un Estado tan tendente a la seguridad que elimine nuestros derechos".