Un exsicario acusa a Duterte en el Senado filipino de ordenar asesinatos y atentados
- "Les abrimos las tripas, luego cargamos sus cadáveres (...) y les echamos al mar", relata
- El Senado investiga ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el presidente filipino
Un exsicario ha acusado este jueves al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en el Senado de haber ordenado varios asesinatos y atentados en mezquitas cuando era el alcalde de la ciudad sureña de Davao, cargo que ha ostentado durante más de dos décadas.
"Nuestro trabajo era matar a criminales como traficantes de droga, violadores y ladrones", ha dicho en la sesión televisada el filipino Edgar Matobato, un asesino confeso y supuesto exmiembro de un grupo que operaba bajo las órdenes de Duterte cuando dirigía la alcaldía de Davao.
Matobato ha afirmado haber participado en unos 50 asesinatos como miembro de los llamados "Escuadrones de la Muerte de Davao" y ha añadido que Duterte también les ordenó que secuestraran y mataran a algunos de sus rivales y enemigos.
Entre otros, colaboró en el asesinato de cuatro miembros del bando de Prospero Nograles cuando le disputaba a Duterte la alcaldía de Davao.
"Les estrangulamos. Les abrimos las tripas y luego cargamos sus cadáveres en un barco y les echamos al mar", ha relatdo Matobato sobre estas cuatro víctimas.
Un hombre armado fallecido tras una operación antidroga en la residencia de un alcalde filipino en Leyte (Filipinas) EFE/ROBERT DEJON
Escuadrones de la muerte
El testimonio de Matobato se enmarca en la investigación que el Senado lleva a cabo sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Filipinas dentro de la campaña contra las drogas que lanzó Duterte cuando comenzó su mandato, el 30 de junio de 2016.
Las declaraciones de testigo en el Senado concuerdan con las acusaciones vertidas por organizaciones internacionales como Human Rights Watch hace años sobre el periodo de Duterte al frente de Davao.
"Para Rodrigo Duterte, los brutales 'Escuadrones de la Muerte' que se han cobrado la vida de más de 1.000 personas mientras él ocupaba el puesto de alcalde de Davao (...) no son un problema. Son una plataforma política", dijo Human Rights Watch (HRW) en una de las muchas denuncias que ha hecho contra él durante los años.
Matobato también ha afirmado que "Duterte dio la orden de matar a musulmanes en las mezquitas" en 1993, después de la explosión de una bomba en la catedral de la ciudad.
Su hijo, implicado
El exsicario incluso ha inculpado a Paolo Duterte, el primogénito del presidente, y lo ha calificado de drogadicto, una acusación polémica dada la campaña contra la droga que dirige su padre y que ha causado la muerte de casi 3.500 supuestos narcotraficantes y drogadictos.
Paolo fue acusado asimismo por el antiguo sicario de haber ordenado el asesinato del empresario filipino Richard King, con quien, según el testigo, competía por la atención de una mujer.
El secretario de comunicaciones de la Presidencia de Filipinas, Martin Andanar, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que el jefe del Estado "no sería capaz de ordenar" el ataque a mezquitas y musulmanes.
Duterte no ha hecho comentario alguno sobre la comparecencia de Matobato en su primer discurso público, pronunciado este jueves durante una visita a un campamento militar en la provincia de Bulacan, cerca de Manila.
Casi 3.500 muertos bajo mandato de Duterte
El presidente filipino, apodado 'Harry el Sucio', ha presumido en numerosas ocasiones de que la muerte de criminales en Davao fue un método "muy efectivo" para reducir la tasa de delincuencia, una de las más altas del país cuando él llegó a la alcaldía, en 1988.
"Ahora somos la novena ciudad más segura del mundo. ¿Cómo creéis que lo he hecho? (...) Les maté a todos (los criminales)", ha dicho Duterte numerosas veces.
El mandatario ha llamado en varias ocasiones a ciudadanos y policías a matar a traficantes y consumidores de drogas como parte de su campaña contra los estupefacientes.
Casi 3.500 supuestos narcotraficantes y drogadictos han muerto desde que Duterte empezó a gobernar: cerca de 1.500 en operaciones policiales y el resto a manos de grupos de "vigilantes", según datos de la Policía.
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