Tribunales

• Una magistrada de refuerzo asumirá el funcionamiento ordinario del juzgado
• El CGPJ tiene la competencia para "acordar excepcionales medidas de apoyo judicial"

• Lo hace tras una denuncia de Abogados Cristianos por un mensaje en redes que pedía "deportar sacerdotes"
• Pablo Echenique califica como un "honor" que le denuncie esta fundación que tacha de "gentuza"

• Dicho documento contiene los mensajes que la fiscal jefe intercambió sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
• Les imputa por un delito de revelación de secretos, el mismo por el que se investiga en el Supremo a Álvaro García Ortiz

• La jueza llama además como testigo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y al presidente de la Diputación de Valencia
• La magistrada rechaza la petición de requerir datos sobre el vehículo oficial de Mazón el 29 de octubre

La titular del juzgado de lo contencioso número 12 de Barcelona ha avalado la eutanasia de Noelia, la joven de 24 años afectada por una paraplejia cuyo padre paralizó in extremis su muerte asistida el pasado mes de agosto, a través de un recurso en los tribunales.

En su sentencia, la jueza desestima el recurso que presentó el progenitor de la joven, representado por el colectivo ultracatólico Abogados Cristianos, contra la decisión de la Generalitat de dar luz verde a su eutanasia, tras el primer juicio celebrado en España por el derecho a la muerte digna.

El padre se oponía a la eutanasia alegando que su hija sufre problemas mentales que la incapacitaban para tomar esta decisión, pero la titular argumenta que no se ha aportado ninguna prueba de que tenga disminuidas las capacidades, que además fueron analizadas por diversos profesionales durante el procedimiento.

• El 13 de mayo —justo un año después del cisma— el Juzgado de Briviesca ha citado para una vista previa a todas las partes
• El procedimiento no afecta a las cinco clarisas ancianas que no han renunciado a seguir formando parte de la Iglesia Católica

• Durante el último año se han registrado 95.650 rupturas matrimoniales según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
• Canarias, Comunidad Valenciana y Baleares son las regiones con más demandas de separaciones, divorcios y nulidades

• Desestima así el recurso que presentó el progenitor, representado por el colectivo Abogados Cristianos
• La Generalitat catalana dio luz verde al proceso, tras el primer juicio en España por el derecho a la muerte digna

Algunos familiares de las víctimas de la dana han comenzado ya a declarar en la fase de instrucción que investiga las responsabilidades penales en la gestión. En el Telediario hablan con dos de ellas sobre el duro proceso por el que están pasando. Foto: Photo by Jose Jordan / AFP

• La magistrada trata de dirimir las responsabilidades penales de las muertes y desapariciones por el temporal
• Esta semana, ha emitido un auto con las dos primeras imputaciones de la causa

Algunas decisiones políticas tomadas durante la pandemia y fraudes relacionados con la gestión han acabado años después en los tribunales. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el primer decreto del estado de alarma, fallo que fue revocado el pasado diciembre al cambiar la mayoría del tribunal.

También las irregularidades en la adquisición de mascarillas o PCR en los peores momentos de la pandemia han llenado un importante capítulo judicial por el cobro excesivo de comisiones. Algunos juicios que hoy se están llevando a cabo tienen su origen hace cinco años, cuando estalló la crisis del covid-19.

La presunta intervención de Gerard Piqué se circunscribe al contrato que llevó la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF y el primero aún jugaba en el Barça, equipo que participaba en el torneo.

Lo que investiga la magistrada son las "posibles ilegalidades" en los acuerdos firmados el 11 de septiembre de 2019 entre la RFEF y la entidad saudí Sela Sport Company, en los que se fijó una "prima de éxito" de 4 millones al año para una "tercera parte agente" que no se identificaba en el contrato, frente a los 40 millones anuales en favor de la Federación, durante seis años.

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha negado este viernes ante la jueza haber pagado mordidas al expresidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales y se ha mostrado orgulloso del contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí y por el que se pactó una comisión de cuatro millones anuales a su favor.

• El exmandatario fue detenido en Manila el 11 de marzo por las autoridades filipinas
• Los hechos que se le imputan ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019

• El exjugador se ha mostrado orgulloso del contrato por el que se pactó una comisión de cuatro millones anuales a su favor
• También se investiga a los expresidentes federativos Luis Rubiales y Pedro Rocha en una causa

El exjugador del Barcelona y de la selección española Gerard Piqué comparece como investigado por el contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí. El que fuese central azulgrana ha llegado a los juzgados sonriente y sin hacer declaraciones a los medios.

• Anula el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que le condenaba a cuatro años de cárcel
• El organismo alega que las descripciones de la "afirmada víctima" serían "inverosímiles o increíbles"

• La magistrada investiga los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación
• También cita a declarar como investigado al exasesor de la Moncloa Luis María Carrero

RTVE ha confirmado que la AEMET llamó hasta en 24 ocasiones a la Generalitat Valenciana presidida por Carlos Mazón el día de la dana y que algunas de esas llamadas se quedaron sin contestar. Así se detalla en un informe que ya tiene la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, mantiene su respaldo al presidente de la Generalitat Valenciana y miembro de su partido, Carlos Mazón. El líder de los populares ha dicho que no hay novedades de momento. FOTO: EFE / BIEL ALINO.

• La resolución del Tribunal Constitucional considera que no vulnera los límites de la legislación de urgencia
• El Tribunal argumenta que el derecho a la propiedad privada está protegido en la Carta Magna