Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años de cárcel a la extenista Arantxa Sánchez Vicario, y a tres años y tres meses a su exmarido Josep Santacana, por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de seis millones de euros al Banco de Luxemburgo.
Sánchez Vicario se enfrentaba a cuatro años de cárcel. Estaba acusada de deshacerse de todo su patrimonio para no pagar una deuda de siete millones y medio al Banco de Luxemburgo pero tanto la fiscalía como el banco han rebajado la petición tras la confesión de la extenista durante el juicio y también porque ya había abonado parte de la deuda.
El Tribunal Constitucional ampara a Arnaldo Otegi y corrige, de nuevo, una decisión del Supremo. No se tendrá que repetir el juicio contra él por el caso Bateragune, el intento de reconstruir Batasuna, por el que Otegi ya cumplió una condena. El TC considera que vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva del dirigente vasco al infringir el principio de 'non bis in idem', que prohíbe juzgar dos veces a una misma persona por los mismos hechos, informan fuentes jurídicas.
Faltar al trabajo tres días no es motivo de despido si antes el empleado ha recibido un "OK" de su superior por WhatsApp. Así lo entiende el Tribunal Superior de Castilla y León que ha dado la razón a un camarero que no fue a trabajar por motivos de salud.
El caso Rubiales, el más mediático de 2023, se acerca a su fin. Tras escuchar a Jenni Hermoso, el juez tendrá que decidir si sienta en el banquillo al expresidente de la Federación por las presuntas coacciones a la jugadora y a su entorno.
En el capítulo de la corrupción, este año hay dos juicios en la agenda: el caso Lezo y el caso Gürtel. Y esperando juicio, todavía sin fecha, la familia Pujol y Jorge Férnandez Díaz, ministro de Interior con Rajoy procesado por el caso Kitchen, el supuesto espionaje a Luis Bárcenas. Entre las sentencias pendientes están la de Francisco Camps por la adjudicación del stand de Fitur de la Comunidad Valenciana y la de los indultos a los condenados por el procès.
El año, 2024 comienza marcado por una crisis institucional sin precedentes, con el mandato del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace cinco años. La falta de renovación del órgano ha provocado un colapso en la Justicia, hay 85 vacantes en la cúpula judicial, una veintena en el Tribunal Supremo, que sigue pendiente de la decisión de la Justicia europea de devolver o no la inmunidad a Carles Puigdemont como europarlamentario, después de que el expresidente catalán recurriera la sentencia del TJUE. Al Supremo también tendrá que decidir, entre otros asuntos, si asume la investigación de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democrátic. También tiene que pronunciarse sobre los indultos a los líderes del 'procés' o sobre las reclamaciones al Estado por las restricciones frente al COVID durante la pandemia.
