La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el primer macrojuicio en España contra 23 supuestos miembros de una red nacional que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y criaban administrándoles sustancias dopantes y otros fármacos. La Fiscalía de Madrid solicita penas que oscilan entre 7 años y 4 meses y 3 años y 4 meses-para los acusados, a quienes imputa los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha negado que interviniera en la concesión de subvenciones a entidades afines y ha defendido el interés público de esas ayudas, en su declaración ante el juez a raíz de una querella por malversación que la Fiscalía ve casi idéntica a la que ya archivó el año pasado. Colau ha dicho estar "muy tranquila" tras su declaración y ha asegurado que "no hay caso", pero también ha cargado contra la "mala fe" de los querellantes.
Después de casi dos años de investigación, la Fiscalía no se querellará contra el rey Juan Carlos y archiva las tres investigaciones que mantenía abiertas contra él. En unos casos, por falta de indicios, y en otros por estar prescrito, ya que el delito se cometió cuando el rey gozaba de inviolabilidad como jefe de Estado o él mismo lo subsanó con una regularización fiscal.
La Fiscalía señala que el propio rey emérito reconoció la deuda tributaria con esas regularizaciones y resalta que "se ha recuperado para las arcas públicas más de cinco millones de euros correspondientes a las cantidades que el rey emérito adeudaba a la Hacienda Pública".
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las investigaciones abiertas en relación a la fortuna del rey emérito Juan Carlos I. Son las referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación delAVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas black sufragadas por un empresario mexicano y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. La insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción de los delitos y la inviolabilidades como jefe de Estado, así como las regularizaciones fiscales que hizo en 2020 y 2021, han hecho inviable la apertura de juicio penal contra él, según la nota emitida por la Fiscalía General del Estado. Sí que reconoce la Fiscalía el incumplimiento de algunas obligaciones fiscales.
En un comunicado, el abogado y portavoz del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, ha dicho que la semana que viene anunciará las próximas decisiones. El archivo de las causas abre una posibilidad para que Juan Carlos I vuelva a España, tal como es su deseo. Desde Zarzuela, no se han pronunciado y, como es habitual, remiten al abogado del emérito.
Informan Gema Alfaro y Lucía Yeste
