El responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, ha defendido ante el juez que todos los servicios contratados con la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se desarrollaron correctamente y se ha desvinculado de los pagos que hiciese después esta mercantil a otras sociedades.
Del Olmo ha declarado este viernes como imputado ante el Juzgado de instrucción número 42 de Madrid junto al responsable de Finanzas del partido, Daniel de Frutos; la gerente, Rocío Val; y la responsable de compras, Andrea Deodato, en la causa donde se investiga un contrato de Podemos con Neurona para los comicios del 28A de 2019.
El Gobierno tiene ya ultimada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), la que regula los procesos judiciales. Una de las novedades envuelta en polémica es que el fiscal decidirá qué información se da a los medios y quedará limitada a lo esencial desde el punto de vista del interés informativo. Según ha explicado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se busca proteger la intimidad de los testigos y los investigados, de evitar las llamadas "penas de Telediario"
El texto también plantea que el fiscal sea el encargado de las instrucciones judiciales y no el juez como hasta ahora. Además, partidos políticos y sindicatos no podrán ejercer la acusación popular. A día de hoy sí pueden. Lo permite la actual Ley de enjuiciamiento criminal que data de 1882 y que han tratado de reformar los últimos gobiernos tanto del PSOE como del PP. El Gobierno aprobará la propuesta de reforma próximamente y su intención es consensuarla despues en el Congreso.
Rosario Porto había sido condenada, junto a su marido, Alfonso Basterra, a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta, en septiembre de 2013. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Llevaba cumplidos siete años de prisión y había pasado por tres cárceles distintas.
En 2017 fue trasladada a un hospital inconsciente tras la ingesta de unas pastillas. Un año después, lo intentó de nuevo. Lo que llevó a que se le aplicaran protocolos antisuicidos en distintas ocasiones. Esta mañana funcionarios de la cárcel de Brieva, en Ávila, la encontraron ahorcada en su celda. En el juicio quedó probado que la niña estaba dormida cuando la mataron después de ingerir más de 27 pastillas de orfidal. También que el asesinato había sido un plan ideado por los padres.
La sentencia considera probado que María Jesús Moreno, Maje, pidió a Salvador que asesinara a su marido. Y que para ello le facilitó las llaves del garaje donde cometió el crimen y donde vivía el matrimonio. Algo que negó durante el juicio. El magistrado de la audiencia de Valencia le aplica el agravante de parentesco y la condena a 22 años de prisión. En 17 años deja la pena para el autor material, Salvador Rodrigo, ya que considera el atenuante de colaboración con la justicia, por reconocer que asesinó a Antonio Navarro siguiendo las indicaciones de María Jesús, con la que entonces mantenía una relación. El juicio se celebró ante un jurado popular, que consideró a los dos acusados culpables de asesinato por unanimidad.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".
Un juzgado ha condenado a los dirigentes de Podemos Pablo Echenique y Juanma del Olmo por asegurar que una candidata del partido en Ávila en 2019, Pilar Baeza, había sido violada. La sentencia concluye que sus declaraciones ante la prensa y en un tuit, respectivamente, fueron una intromisión ilegítima en el honor del presunto agresor, dado que el Supremo no consideró probada la violación. La justicia les obliga a hacer pública la sentencia en los mismos canales en los que hicieron sus afirmaciones y a indemnizar con 80.000 euros al hermano del presunto agresor que fue asesinado con la colaboración de Baeza. Ambos han afirmado que recurrirán la sentencia.
Las puertas se han abierto para la comitiva encargada de hacer el inventario de los objetos que se guardan intramuros del Pazo que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco y que la justicia sentenció que es un bien público. En su interior se guardan objetos que no formarían parte de las pertenencias de la familia Franco. Bienes ligados a Emilia Pardo Bazán, anterior propietaria: tapices, mobiliario o el retablo de la capilla, así como la biblioteca, de la que se guarda una parte, ya que el resto está custodiada por la Real Academia Galega después del incendio de 1976. También forman parte del patrimonio del Pazo las estatuas románicas de la Catedral de Santiago, las pilas bautismales, del siglo XII, de la Iglesia de Muxía; pinturas de Zuloaga o Álvarez de Sotomayor. Entre otros objetos. El 10 de diciembre se ejecutará, provisionalmente, la sentencia y el Pazo pasará a ser de titularidad pública.
Este miércoles han declarado en el juicio por los atentados en la Rambla como testigos los investigadores que rechazan la supuesta colaboración con la justicia del principal acusado, Mohamed Houli. “No aportó nada nuevo que no supiéramos ya”, han dicho ante el juez. Houli resultó herido en la explosión de la casa de Alcanar y declaró en varias ocasiones desde el hospital, aunque según los testigos no sirvió para impedir los atentados. Los mossos han narrado que la célula estaba constituida desde mayo, tres meses antes de los atentados, y que financiaron la compra de explosivos robando joyas y dinero en las empresas en las que trabajaban.
