Tribunal Supremo

• Luis Rodrígueza Vega estaba avalado por la Asociación Profesional de la Magistratura de Cataluña

La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial no impide que siga presidiendo la sala segunda del Tribunal Supremo, encargada del juicio a los cabecillas del 'procés' independentista en Cataluña. Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "Marchena ha quedado invalidado" y ha pedido la libertad inmediata de los presos después del "espectáculo de los últimos dos dias", que ha hecho, según dice, "que nadie pueda fiarse ya de la justicia española".

• Marchena es el presidente de la sala que va a juzgar a los líderes independentistas
• Turull, Rull y Sánchez piden ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

• El Alto Tribunal considera abusiva la claúsula de no show y también la que exime a la aerolínea de la pérdida de un enlace

• PP y PSOE habían acordado que el magistrado del Supremo presidiera el gobierno de los jueces
• Marchena, que seguirá juzgando el procés, defiende su total independencia en un comunicado

• El presidente del Gobierno insiste en que el estatus final de Gibraltar debe ser negociado con España
• "A día de hoy, el Gobierno votará no al acuerdo del Brexit", ha asegurado en un foro económico

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que se ha interpretado "mal" su whatsapp a los senadores de su partido sobre el control en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras al acuerdo entre Gobierno y PSOE, aunque ha admitido que el lenguaje que ha empleado no es "afortunado". El diario El Español ha difundido el mensaje que Cosidó envió el sábado por la noche a sus senadores explicando que el PP logra nueve vocales más el presidente en el Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás" (la sala de lo Penal) y "presidiendo la sala 61" (la que tiene atribuciones como ilegalizar partidos).

• El Alto Tribunal rechaza que le devuelva las pensiones alimenticias y le indemnice por daños morales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y también para el magistrado del Tribunal Supremo que enjuicia el 'procés', Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado por segunda vez el pasado miércoles. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido no generar alarma. POr su parte, Ciudadanos ha denunciado a Arran ante la Fiscalía por un delito de odio tras las pintadas en la casa del magistrado.  

• Consideran que el procedimiento por el que ha sido nombrado incumple la ley
• La AJFV asegura que su elección "no debe realizarse por pactos entre partidos políticos"

• Difunden a través de redes un vídeo en el que se ve a dos personas manchar el portal
• Los Mossos han abierto una investigación e Interior revisará el protocolo de seguridad

• Martínez Arrieta sustituiría a Manuel Marchena al frente del tribunal del 1-O
• Ha llevado casos como la inhabilitación de Otegi o la desaparición de El Nani

• Critican que los partidos den el nombre del presidente antes de que se haya nombrado a los vocales
• El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, considera el pacto como muestra de que el sistema judicial funciona

• Es el nombre pactado por el Gobierno y el PP para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo
• Hasta ahora era el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo

Manuel Marchena será el nuevo presidente del CGP. Este magistado era el que iba a redactar la sentencia del juicio del procès. PSOE y PP,  pesar de su distancia, han conseguido cerrar un acuero. Eso sí han pactado este nombre a cambio de que haya una mayoría progresista en el Consejo.

• El órgano de Gobierno de los jueces tendrá once miembros progresistas de los veinte
• Marchena, que fue propuesto por el PP, iba a presidir el juicio a los líderes independentistas

Crisis de credibilidad del Tribunal Supremo por las sentencias de las hipotecas. El 18 de octubre los jueces decían que los impuestos por los préstamos para comprar una vivienda los tenían que pagar los bancos. El 6 de noviembre, sentenciaban lo contrario: pagaban los clientes. El gobierno ha aprovechado el momento para cambiar la legislación: finalmente, serán los bancos quienes paguen los impuestos. 'Informe Semanal' ha hablado con consumidores, bancos, jueces y representantes políticos sobre el daño a la imagen de independencia del poder judicial y el panorama que se abre para el sector inmobiliario. La compra de una vivienda es el principal gasto en la vida de una familia y uno de los grandes motores de la economía española.

Cientos de personas se han concentrado ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, una decisión contra la que se han celebrado actos de protesta en otras muchas ciudades de España.

• El acto, convocado por Unidos Podemos, ha contado con la presencia de Pablo Iglesias y Alberto Garzón

• Denunciará ante el fiscal general al presidente del Tribunal Supremo y al presidente de la Sala Tercera de lo contencioso