Tribunal Supremo

• Difunden a través de redes un vídeo en el que se ve a dos personas manchar el portal
• Los Mossos han abierto una investigación e Interior revisará el protocolo de seguridad

• Martínez Arrieta sustituiría a Manuel Marchena al frente del tribunal del 1-O
• Ha llevado casos como la inhabilitación de Otegi o la desaparición de El Nani

• Critican que los partidos den el nombre del presidente antes de que se haya nombrado a los vocales
• El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, considera el pacto como muestra de que el sistema judicial funciona

• Es el nombre pactado por el Gobierno y el PP para presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo
• Hasta ahora era el presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo

Manuel Marchena será el nuevo presidente del CGP. Este magistado era el que iba a redactar la sentencia del juicio del procès. PSOE y PP, pesar de su distancia, han conseguido cerrar un acuero. Eso sí han pactado este nombre a cambio de que haya una mayoría progresista en el Consejo.

• El órgano de Gobierno de los jueces tendrá once miembros progresistas de los veinte
• Marchena, que fue propuesto por el PP, iba a presidir el juicio a los líderes independentistas

Crisis de credibilidad del Tribunal Supremo por las sentencias de las hipotecas. El 18 de octubre los jueces decían que los impuestos por los préstamos para comprar una vivienda los tenían que pagar los bancos. El 6 de noviembre, sentenciaban lo contrario: pagaban los clientes. El gobierno ha aprovechado el momento para cambiar la legislación: finalmente, serán los bancos quienes paguen los impuestos. 'Informe Semanal' ha hablado con consumidores, bancos, jueces y representantes políticos sobre el daño a la imagen de independencia del poder judicial y el panorama que se abre para el sector inmobiliario. La compra de una vivienda es el principal gasto en la vida de una familia y uno de los grandes motores de la economía española.

Cientos de personas se han concentrado ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid para protestar contra la sentencia que establece que los hipotecados paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, una decisión contra la que se han celebrado actos de protesta en otras muchas ciudades de España.