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La ruptura del pacto entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la polémica por las acusaciones de politización de la Justicia se han trasladado este miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se han vuelto a cruzar acusaciones por las filtraciones que han llevado al magistrado Manuel Marchena a renunciar a presidir el órgano.

"A su lado, el señor Rajoy es un moderado y más serio que usted (...) La manera de tapar sus vergüenzas de no asumir lo que hizo el señor Cosidó es romper la renovación de un órgano fundamental de nuestro sistema democrático". "La deriva del PP no puede ser la deriva de las institituciones, cumpla su pacto", ha concluido el presidente.

La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial no impide que siga presidiendo la sala segunda del Tribunal Supremo, encargada del juicio a los cabecillas del 'procés' independentista en Cataluña. Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, ha afirmado en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso que "Marchena ha quedado invalidado" y ha pedido la libertad inmediata de los presos después del "espectáculo de los últimos dos dias", que ha hecho, según dice, "que nadie pueda fiarse ya de la justicia española".

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, ha asegurado este lunes que se ha interpretado "mal" su whatsapp a los senadores de su partido sobre el control en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras al acuerdo entre Gobierno y PSOE, aunque ha admitido que el lenguaje que ha empleado no es "afortunado". El diario El Español ha difundido el mensaje que Cosidó envió el sábado por la noche a sus senadores explicando que el PP logra nueve vocales más el presidente en el Consejo, frente a los 11 del PSOE, y "además controlando la sala segunda desde detrás" (la sala de lo Penal) y "presidiendo la sala 61" (la que tiene atribuciones como ilegalizar partidos).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y también para el magistrado del Tribunal Supremo que enjuicia el 'procés',  Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado por segunda vez el pasado miércoles. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido no generar alarma. POr su parte, Ciudadanos ha denunciado a Arran ante la Fiscalía por un delito de odio tras las pintadas en la casa del magistrado.

Manuel Marchena será el nuevo presidente del CGP. Este magistado era el que iba a redactar la sentencia del juicio del procès. PSOE y PP, pesar de su distancia, han conseguido cerrar un acuero. Eso sí han pactado este nombre a cambio de que haya una mayoría progresista en el Consejo.

Crisis de credibilidad del Tribunal Supremo por las sentencias de las hipotecas. El 18 de octubre los jueces decían que los impuestos por los préstamos para comprar una vivienda los tenían que pagar los bancos. El 6 de noviembre, sentenciaban lo contrario: pagaban los clientes. El gobierno ha aprovechado el momento para cambiar la legislación: finalmente, serán los bancos quienes paguen los impuestos. 'Informe Semanal' ha hablado con consumidores, bancos, jueces y representantes políticos sobre el daño a la imagen de independencia del poder judicial y el panorama que se abre para el sector inmobiliario. La compra de una vivienda es el principal gasto en la vida de una familia y uno de los grandes motores de la economía española.