El asunto del Sáhara no se abordó cuando se negoció el pacto de Gobierno, por lo que no había un compromiso al respecto entre las partes. Sin embargo, Unidas Podemos no está de acuerdo en que España acepte ahora el plan de autonomía para el Sáhara. Lo confirmó Yolanda Díaz y también lo ha dicho la diputada al Parlamento Europeo, Idoia Villanueva: "Cuando sembramos injusticias, terminamos recogiendo conflictos y consecuencias. España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui", expresa.
Por otro lado, el futuro presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también se ha quejado de las formas y critica que Sánchez haya tomado esa decisión sin un acuerdo previo con los partidos. "Lamento profundamente que casi después de 50 años de acuerdo entre gobiernos de distintos colores, este acuerdo parlamentario no haya sobrevivido al presidente Sánchez", expresa Feijóo. También Ciudadanos y Vox piden explicaciones.
El Gobierno español insiste en que aceptan el plan de autonomía para el Sahara elaborado por Marruecos porque es una "base seria y creíble" para terminar con el conflicto y porque nuestro país logrará así que las relaciones con Marruecos sean estables.
El Ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha referido en concreto a la crisis provocada por el flujo migratorio de los que buscan entrar en Europa a través de España: "Vamos a tener una buena relación con Marruecos y una relación en la que se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas y la inmigración ilegal y eso es importante".
Esta decisión no gusta a Unidas Podemos, ni tampoco al Partido Popular. Su futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, advierte: "Un cambio drástico en la política exterior no puede ser decidido por un Gobierno y menos por un partido. Correr el riesgo de dar un volantazo sin el apoyo suficiente es una temeridad"
La portavoz del grupo popular en el Congreso y coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, asegura que la inacción del Gobierno está provocando un malestar social en las calles: “El gobierno español se resiste a tomar medidas cuando toda Europa ya lo ha hecho” expresa en Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso. Ante la medida que plantea, de topar 180 euros el megavatio hora el precio de la electricidad, Gamarra expresa que, aunque el Partido Popular no es favorable al intervencionismo, “estamos en un momento excepcional y se requieren medidas excepcionales”: “El PP quiere conseguir que el precio final que pague el consumidor no sea el que hay en estos momentos. Hemos apoyado más al PSOE que una parte del gobierno”.
Gamarra afirma que el PP estará apoyando el domingo la movilización de los sectores del campo español: “Esto no es ahora por la guerra, sino que hay un abandono por parte del Gobierno desde que Sánchez llegó al poder”. Cree que el Gobierno ha perdido “el pulso de la calle” y que, para las medidas urgentes, podría tener el consenso de la oposición, sin tener que esperar al día 29 de marzo: “La gente no aguanta más, no se puede permitir esta pasividad del gobierno. Hay familias que no van a poder llegar a final de mes”.
Sobre lo que dijo la vicepresidenta Díaz a raíz de la petición del PP de realizar una bajada de impuestos generalizada, Gamarra expresa que el Gobierno “está dividido en un momento crítico”, sin una hoja de ruta clara: “La incertidumbre de los españoles es el propio Gobierno”. Gamarra hace también referencia a la crisis del PP, que se ha cerrado “de una manera rápida y madera, estando a la altura de las circunstancias”: “El 1 y 2 de abril vamos a dar por cerrado esta crisis y que lo hagamos con solidez y unidad es una lección, que no conozco ningún partido en Europa que haya sido capaz de darla”.
Sobre la terminología de la violencia de género, Gamarra reitera que el PP tiene un compromiso en la lucha contra la violencia de género y que se trata de una “violencia distinta” a la intrafamiliar que señalan desde Vox: “Hay que combatir ambas, cada una con las herramientas adecuadas y no enfrentarlas o confundirlas”.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves al consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, por poner en duda el informe publicado por Cáritas, en el que se recoge que más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad se encuentran en riesgo de exclusión social.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar un impuesto inmediato y extraordinario a los beneficios de las eléctricas para hacer frente a la crisis que va a provocar la guerra. Una crisis que, reconoce, tendrá unas consecuencias económicas y sociales profundas. “Las tres grandes eléctricas han incrementado sus beneficios un 47%. Me parece que deben contribuir en la crisis (…) Ha llegado el momento de incorporar un impuesto extraordinario a las eléctricas para compensar lo que estamos viendo hoy: pequeñas empresas, electrointensivas, familias. Piensen que la inflación repercute en nuestra vida”. Hace también referencia al resto de empresas del IBEX: “En el año 21, las empresas en bolsa alcanzaron beneficios por un importa de 64 mil millones de euros. Esos enormes beneficios deben redistribuirse, porque son quienes más tienen”. Por eso, al impuesto de las eléctricas añade dos medidas más: congelar la revalorización de las rentas de arrendamiento y actuar en impuestos concretos para aquellos que menos tienen. Confía en llegar a un acuerdo con el presidente del Gobierno y, aunque descarta ningún tipo de veto, vuelve a exponer su oposición a que España aumente su gasto en defensa: “Mi país necesita incrementar los presupuestos en algunas materias: investigación, sanidad, educación y dependencia. Creo que con la pandemia hemos visto el mal estado en el que se encuentra la sanidad pública. Esto es prioritario”. Apuesta por llegar a acuerdos con los grupos sin “pensar en siglas, sino en medidas eficaces” y califica de inadecuada la receta del PP de la bajada de impuestos. Sobre su futuro político, se mantiene en lo anunciado hace unas semanas en RTVE: empezará un proceso de consulta y a partir de ahí tomará decisiones: “Ahora voy a escuchar”.
Hablamos en Las Mañanas de RNE con Felipe González, expresidente del Gobierno, sobre la salud de la política nacional e internacional tras la crisis de Ucrania. A su parecer, Putin no va a aceptar “mediaciones que no le satisfagan” y pide que no se hagan concesiones frente a lo que señala como una violación de la identidad territorial de Ucrania. En ese aspecto, celebra el papel de la OTAN por estar actuando de manera “extremadamente escrupulosa en el cumplimiento de la legalidad internacional”. Lo que, a su parecer, “aleja el riesgo de crear un conflicto que pueda desencadenar en una tercera guerra mundial”.
“La defensa forma parte de la Paz”, indica el expresidente socialista, y hace un llamamiento a la unidad entre los miembros del Gobierno frente al apoyo a la inversión en materia de defensa. Asimismo, opina que nos encontramos viviendo una transformación de orden mundial y que es el momento de que Europa apueste por desarrollar políticas propias en este y otros ámbitos, con el fin de lograr una autonomía real.
Celebramos el 8M, Día de la Mujer, charlando con Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno e histórica del movimiento socialista y feminista en nuestro país. Actualmente preside la Comisión de Igualdad del Congreso.
Desde Tenerife, Olivia Delgado viaja al Senado para representar los intereses de las islas. De formación matemática, lleva muchos años militando en el PSOE y el feminismo.
En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes, se han planteado a la titular de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, Irene Montero, varias preguntas sobre las diferencias de opinión a cerca del envío de armas entre su partido y el PSOE, a las que ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en su nombre y en nombre de todo el Ejecutivo.
Así, Rodríguez ha señalado “la disposición siempre del Gobierno y del presidente de compartir las decisiones y de acordar lo importante” y ha reiterado que “la unión es un intangible como arma de respuesta a la guerra de Putin”, no solo en el rechazo a la agresión, sino también en la respuesta social y económica.
