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Un grupo de simpatizantes chavistas ha irrumpido por la fuerza este miércoles en la Asamblea Nacional de Venezuela, la única institución en manos de la oposición, y ha agredido a varios diputados y trabajadores que se encontraban en el edificio, unos altercados en los que han resultados heridos al menos una docena de personas y que tienen lugar justo cuando el país conmemora el Día de la Independencia en medio de una grave fractura social, por lo que han sido condenados por el presidente, Nicolás Maduro.

La cámara única del Parlamento venezolano celebraba, a primera hora de la mañana, una sesión extraordinaria con motivo de la fiesta nacional cuando una treintena de personas, algunas de ellas con el rostro tapado y muchos vestidos de rojo -el color del Partido Socialista Unido de Venezuela, la formación de Maduro-, han entrado en el edificio, lanzando petardos y blandiendo palos y piedras, según los testigos. Los asaltantes formaban parte de un grupo mayor que se había concentrado ante las puertas de la Asamblea Nacional para protestar contra la oposición, que dispone de la mayoría en la cámara desde 2016, y han aprovechado un receso en la sesión para forzar la entrada y acceder al edificio. Ya en el interior, los chavistas han arremetido contra periodistas, asistentes y parlamentarios de la oposición, hiriendo a varios de ellos. Aunque los asaltantes han sido desalojados poco después del lugar por los efectivos de la Guardia Nacional, responsables de la seguridad del recinto, las entradas y salidas de la Asamblea Nacional permanecen tomadas por los simpatizantes de Maduro.

El propio Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Venezuela se han comprometido a castigar a los responsables de lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional.

Un grupo de simpatizantes chavistas ha irrumpido por la fuerza este miércoles en la Asamblea Nacional de Venezuela, la única institución en manos de la oposición al presidente Nicolás Maduro, y ha agredido a varios diputados y periodistas, causando al menos tres heridos en los altercados, que tienen lugar justo cuando el país conmemora el Día de la Independencia en medio de una grave fractura social.

  • Las protestas se iniciaron el 1 de abril de 2017 y ya han causado 85 muertos
  • Este sábado- día del aniversario- las manifestaciones han sido pacíficas
  • Los opositores han mostrado su apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz

Según la fiscal general, Luisa Ortega, el jefe de la inteligencia venezolana, Gustavo González, podría ser responsable de allanamientos arbitrarios y privaciones ilegítimas de libertad en los últimos tres meses de protestas. Por eso, lo ha llamado a declarar como imputado. Para el Gobierno, la fiscal carece de imparcialidad y actúa como militante de la oposición. Nicolás Maduro ha respondido ascendiendo a González a general en jefe del ejército bolivariano.

Cuando se cumplen tres meses de manifestaciones la violencia no cesa en Venezuela. Seis jóvenes han muertos en las últimas 48 horas, lo que eleva a más de 80 el número de fallecidos. La oposición ha denunciado lo que considera una brutal represión. La ONU también ha expresado su inquietud por la campaña de arrinconamiento a la fiscal general Luisa Ortega por parte del Gobierno de MAduro, que ha desviado parte de sus funciones hacia la figura pro chavista del defensor del pueblo.

El opositor Henri Falcón, gobernador del estado venezolano de Lara (oeste), ha pedido detener "con urgencia" la violación de derechos humanos por parte de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), tras informar de saqueos y represión durante esta madrugada en su jurisdicción. La autoridad regional pidió que se detenga "con urgencia la continua violación de los DDHH por parte de algunos oficiales de la GNB y funcionarios policiales", al tiempo que instó a los agentes de seguridad a que "reflexionen". En algunas zonas de la ciudad de Barquisimeto hubo disturbios y saqueos, según informaron algunos medios locales y dirigentes políticos a través de las redes sociales. El diario regional 'El Impulso' publicó imágenes del Mercado Periférico de La Carucieña que presuntamente fue robado durante estos hechos violentos.

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, ha dicho este miércoles que su país ha emitido una orden de captura internacional roja contra Óscar Pérez, el agente policial que este martes secuestró un helicóptero con el que sobrevoló, disparó y lanzó granadas contra el Supremo y el Ministerio de Interior. "Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)", ha afirmado Reverol a través del estatal VTV. Según el Gobierno, este agente de la policía científica venezolana (CICPC) hurtó el martes un helicóptero con el que sobrevoló las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ) en Caracas, donde lanzó cuatro granadas y efectuó disparos. El ataque, apunta Reverol, tiene como objeto "elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y la espiral de violencia" que, sostiene, ha convocado la oposición venezolana, a quien además acusó de mantener un "silencio cómplice" ante estos hechos.

Un grupo de policías liderado por el inspector Óscar Pérez ha atacado desde un helicóptero, con granadas y disparos de fusil las sedes del Tribunal Supremo de Venezuela y del Ministerio del Interior con un mensaje por la "libertad" del país que llama a la insurrección contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano ha calificado lo sucedido de "ataque terrorista armado" contra las instituciones del país. "Esta persona lanzó unas granadas, una no explotó", ha explicado Maduro, que ha confirmado que no ha habido víctimas pese a que en el momento del ataque había "decenas de personas" tanto en la sede del tribunal como en el ministerio.

El portavoz del gobierno, Ernesto Villegas, ha explicado que el helicóptero, un Airbus Bolkow, fue robado de la base aérea del Generalísimo Francisco de Miranda, en la capital, por el inspector Pérez y otros insurrectos. El "conspirador", ha señalado, atacó con al menos cuatro granadas de "origen colombiano" el edificio del Supremo, mientras que en la sede de lnterior se escucharon hasta 15 disparos. "Se trata de un intento de golpe de Estado", ha dicho. Pérez, agente del cuerpo de investigaciones científicas (CICPC), fue fotografiado junto a otros uniformados a bordo de la aeronave con una pequeña pancarta en la que se leía "350 libertad" en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer "cualquier régimen" que contraríe las garantías democráticas. La acción de estos policías rebeldes se ha producido después de que el propio Maduro advirtiera que si se destruía la revolución bolivariana estaba dispuesto a "ir a las armas" y que "lo que no se pudo lograr con los votos lo haríamos con las armas".

El inspector de la policía científica, Óscar Pérez, ha colgado un vídeo en Instagram en el que se le observa leyendo un escrito y dando la cara, acompañado de otros cuatro uniformados encapuchados, en el que pide a los venezolanos ir "a cada base militar" del país. Ha pedido al presidente Maduro su "renuncia inmediata" y que "sean convocadas de manera inmediata elecciones generales".