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El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha garantizado este jueves que el Ejecutivo pondrá "todos los medios a su alcance" para restaurar el orden constitucional, la "convivencia pacífica" en Cataluña y frenar el "deterioro" de la seguridad jurídica de la que es único responsable la Generalitat. Méndez de Vigo ha leído en el Congreso un comunicado del Gobierno tras recibir la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo "persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament podrá votar la declaración formal de independencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha confirmado que el Gobienro revisará a la baja la previsión de crecimiento del PIB para 2018 a causa de la crisis en Cataluña. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que 2018 debía ser un buen año para el crecimiento y el empleo, pero los acontecimientos que se están viviendo en Cataluña hacen ser "más prudentes". 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado este viernes que las autoridades catalanas "aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional" y poner fin a la "inestabilidad" antes de que el lunes finalice el plazo para contestar al requerimiento enviado por el Ejecutivo. Sáenz de Santamaría ha recordado al presidente catalán, Carles Puigdemont, que el diálogo "no hay que exigirlo, sino practicarlo".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado el apoyo de su partido a las medidas del Gobierno tras la declaración de Puigdemont ante el Parlament. También ha anunciado un acuerdo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abrir en seis meses la reforma constitucional una vez que se cierre la comisión parlamentaria que estudia la modificación del sistema territorial.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que el pueblo de Cataluña “se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente” tras el referéndum del 1 de octubre pero anunció que aplaza una declaración formal "para reducir la tensión" y "emprender un diálogo" que haga posible la secesión del resto de España.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado este lunes el reconocimiento como nación de País Vasco y Cataluña, y ha defendido un proceso de diálogo que culmine con la celebración de un referéndum legal y pactado.

En una conferencia en Bilbao, Urkullu ha opinado que "nadie ha salido victorioso de lo ocurrido ayer en Cataluña" y ha expresado su profunda "tristeza y preocupación" por la situación vivida, "derivada de la ausencia del diálogo político".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha hecho este domingo un llamamiento a los catalanes a responder con nuevas "colas" ante los colegios electorales previstos por el Govern como puntos de votación del referéndum, para responder a la "represión enloquecida" de un Estado que actúa con "cobardía".

En una declaración institucional grabada después de haber votado en el Ayuntamiento de Cornellà de Terri (Girona), Puigdemont ha subrayado que "la represión contra la población que quiere ejercer su derecho a votar no ha impedido que mucha gente esté votando", incluidos los miembros del Govern.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado este domingo que "la irresponsabilidad de unos y otros nos ha traído hasta aquú", en relación a los incidentes que se han producido en las primeras horas de la convocatoria del referéndum ilegal convocado por la Generalitat de Cataluña. Iceta ha pedido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y al de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoquen “elecciones anticipadas” en España y Cataluña si no son capaces de mantener una “negociación seria”.

El Gobierno ha aprobado hoy un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El Ejecutivo ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha lanzado un aviso a la Generalitat sobre su petición a los alcaldes catalanes para que cedan locales para el referéndum del 1 de octubre: "Confío en que les dejen en paz y que no los obliguen a hacer lo que no se puede hacer", ha señalado.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Catalá ha insistido en que no se puede "coaccionar", ni obligar a nadie a "hacer algo contrario a la ley".

Aún así ha querido rebajar la tensión y ha asegurado que nadie irá a la cárcel tras el 1 de octubre, como tampoco nadie fue encarcelado por la consulta del 9N.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reiterado este lunes que hará "todo lo posible" para que los barceloneses puedan votar en el referéndum del 1 de octubre, aunque sin poner en peligro la "seguridad de la institución y de los trabajadores" municipales.

En la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada del 11 de septiembre, tras encabezar la delegación del Ayuntamiento de Barcelona, Colau ha apostado por "hacer compatible el derecho de los ciudadanos a votar" con "garantizar" el derecho de los funcionarios a que "no se les ponga en riesgo".

Ciudadanos ha presentado una moción en el Congreso para apoyar "sin complejos" al Gobierno y a los jueces a la hora de impedir el referéndum catalán, y cuya votación obligará a todos los partidos a "retratarse" ante este "golpe a la democracia", según el líder del partido, Albert Rivera.
"Todos los partidos van a tener que retratarse. Sería inaceptable que partidos que quieren gobernar España no dieran apoyo en este momento al Gobierno y a la Justicia", ha subrayado Rivera en una comparecencia en el Parador de Gredos (Ávila), donde Ciudadanos ha celebrado la reunión de su Ejecutiva Nacional.