El sumario del caso Montoro detalla cómo operaba el entramado que investiga la justicia. Sugerían a las empresas contratar al despacho que fundó el exministro en 2006, junto a ex altos cargos de Hacienda. A cambio de sumas importantes, ese despacho actuaba como intermediario y conseguía leyes a medida para ahorrarse impuestos.
En el caso de las empresas de gas, dos operaciones clave tuvieron éxito: una reforma en 2014 que redujo un 85% el impuesto de electricidad. Las arcas públicas perdieron así 59 millones en plena crisis, y otra rebaja fiscal en 2018, por un cambio en el Impuesto de Actividades Económicas. Estas medidas levantaron fricciones incluso dentro del Gobierno de Mariano Rajoy.
El sumario del caso Montoro también revela que el exministro y su equipo conocían antes que el juez algunas actuaciones de Hacienda, en casos de corrupción que afectaban al PP y a otros partidos.
A través de correos ahora revelados, los investigadores demuestran que el caso Barcenas fue objeto de interés por el equipo de Cristóbal Montoro.
"Mañana se entregará este informe al juez (pág. 68)", informa el que fuera director de la agencia tributaria a los colaboradores más cercanos del exministro de Hacienda, antes incluso de que el propio documento llegara a manos del magistrado.
Su equipo también puso el foco en el caso Gürtel. Santiago Menéndez mandó un correo al que fuera jefe de gabinete del exministro para comentarle la fecha y contenido de las comparecencias que iban a realizar los funcionarios de la Agencia en esta causa.
Lo mismo ocurrió con el caso en el que se investigó el patrimonio de la familia del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. El exdirector de la agencia tributaria llegó a pedir una explicación de por qué un informe de Hacienda se publicaba en la portada de 'El Mundo' sin que nadie le hubiera dicho nada. "Es absolutamente impresentable e indecente", escribió. El control era tal, que un año después, como aparece en el sumario, hay correos en los que le prometían que iban a mandarle resúmenes de los informes de Pujol o Gürtel.
El interés de Montoro y su equipo alcanzó también a Rodrigo rato y a otros rivales políticos de Mariano Rajoy como Esperanza Aguirre. Otros famosos también suscitaron interés, como la baronesa Thyssen o Rafa Nadal. Se informaba del resultado de las inspecciones y de los acuerdos alcanzados con los protagonistas.
Por un lado, están las empresas gasistas, englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales. Según refleja el sumario, habrían contratado a Equipo Económico para que utilizara su influencia sobre el Ministerio de Hacienda y así introducir reformas que favorecía a empresarios dispuestos a pagar por ello.
Pero esta red de influencias no solo se limitaba al sector del gas. El auto del juez también amplía la operativa a otras empresas como la polémica Madrid Network, Ferrovial y Abengoa. En el sumario se muestra como, por ejemplo, Abengoa fue cliente de Equipo Económico, llegó a pagarle casi 4 millones de euros entre 2009 y 2015.
De hecho, esta asesoría cobró al Grupo un total de 3.979.280,74 euros, entre 2009 y 2015. Y también se pueden observar los importes que Equipo Económico facturó a Ferrovial.
Aunque el gabinete también ejerció su influencia en otros sectores, como el mundo del juego. Según recoge el auto, habrían prestado servicios a la empresa de juegos de azar Codere, vinculada al exministro de Justicia, Rafael Catalá, lo que supuestamente habría desembocado en un cambio en el régimen fiscal, que beneficiaba a las empresas operadoras del juego.
¿Y cómo se distribuían las ganancias?
Según revela la investigación, el sistema ideado para distribuir los recursos generados por las presuntas operaciones ilícitas se haría de dos maneras: a través de altas nóminas para sus socios y a través de un entramado de sociedades.
Los investigadores creen que el objetivo de este entramado de empresas era ocultar el destinatario final de ese dinero y que pudieron ser utilizadas para esconder el dinero obtenido en el extranjero. Desde el sindicato de técnicos de hacienda inciden en que la labor de los lobbies tiene que estar sujeta a mucha más regulación y prohibir que políticos o expolíticos formen parte de esos gabinetes.
RTVE ha accedido al sumario de la investigación a Cristóbal Montoro por beneficiar presuntamente a empresas gasistas, eléctricas y de energía renovable cuando era Ministro de Hacienda. Carlos Cruzado, presidente del sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), ha declarado en el informativo '24 Horas de RNE': "Los hechos que se relatan en el auto por el juez son contundentes. Queda por ver si las pruebas pueden relacionar los pagos a Equipo Económico con las decisiones del marco legislativo".
Carlos Cruzado cree que ha habido un daño "importante para las arcas del Estado". Sobre esta imputación al exministro de Hacienda afirma: "Durante esos años se comentaban muchas cosas en el Ministerio [...] no me ha sorprendido mucho [...] Había muchos comentarios, fuimos muy críticos con Montoro", concluye.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro asegura en un comunicado que no hay pruebas contra él, critica el auto judicial que le imputa y anuncia acciones en defensa de su honor.
Este miércoles, un juez le imputó siete delitos por la presunta creación de una trama para aprobar leyes desde su departamento, que favorecían a empresas gasistas. También están investigadas cinco compañías, que habrían pagado casi 780.000 euros a cambio de, presuntamente, reformas legislativas favorables. Lo habrían conseguido en al menos dos ocasiones.
El inspector de Hacienda y también exdiputado y expresidente de la Comisión de Presupuestos, Francisco de la Torre, ha valoración en La Economía del canal 24 Horas sobre el caso Montoro. Afirma que es una situación complicada y que hay una falta de medios para investigar pues el "tiempo pasa inexorablemente" y las pruebas desaparecen.
Además, comenta que "los eventuales culpables se pueden beneficiar de atenuantes por dilaciones indebidas" o "puede ser que estas personas", de ser inocentes, "no se merezcan una investigación de tantísimo tiempo".
Por otro lado, Torres asegura que estas investigaciones anticorrupción tienen que ser más rápidas para ejercer mayor disuasión y, para ello, es "imprescindible dotar de más medios a las unidades que investigan, de la Policía o de la Inspección de Hacienda" y también los juzgados y tribunales.
En cuanto a la colisión de intereses en este caso, Diego Contreras, abogado de Socilegal, bufete especializado en conflictos de competencias entre la administración pública y la empresa privada, explica que "si se cumplen o no los requisitos que establece la" Ley 8/2016, de 28 de octubre, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos.
Contreras opina que "se debería tener más cuidado con este tipo" de situaciones "y establecer un cortafuegos mucho másclaro respecto a qué actividades son posibles y cuáles no". Explica que este es una cuestión que suelen obviar las leyes y buscan "un marco genérico" y es imposible "entrar en toda la casuística posible". Añade que
Añade que la legislación es lo suficientemente concisa para poder calificar el caso Montoro como un presunto "conflicto de intereses" ya que los hechos investigados no persiguen el interés general, sino el "interés de una serie de empresas".
Tras su imputación, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha comunicado al PP que se da de baja como afiliado del partido.
El Gobierno reprocha a Alberto Núñez Feijóo que no dé explicaciones. Los 'populares', por su parte, defienden que este caso no es comparable con los que afectan al PSOE y aseguran que la información que tienen la han conocido por la prensa.
Un juzgado de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del Partido Popular, Cristóbal Montoro, por presuntamente beneficiar ilegalmente a empresas gasísticas mientras lideraba dicho ministerio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha levantado el secreto de sumario de la causa, abierta hace siete años, y que se centra en un despacho de abogados creado por Montoro y al que habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa de titular de Hacienda.
En la trama hay involucradas 28 personas físicas y 6 jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat para sentar las bases del nuevo modelo de financiación singular para Cataluña no ha dejado indiferentes a los presidentes de diferentes autonomías.
Cabe recordar que el pacto fue consensuado hace casi un año entre el PSC y ERC a cambio del voto a favor del partido independentista catalán para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
