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La compra de parte de los activos de Armas por Baleària podría reducir la competencia en las conexiones marítimas entre Melilla y la península, según advierte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Aun así, el organismo ha autorizado la operación, aunque imponiendo una serie de condiciones que deberán cumplirse durante al menos cinco años, prorrogables por otros cinco más adicionales, para evitar perjuicios a los usuarios.

En declaraciones a RNE, la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha asegurado que las conexiones marítimas de Melilla no van a perder servicios de viajeros o mercancías si esa adquisición se produce. Tras el anuncio de la CNMC ha surgido el temor sobre las consecuencias del monopolio del transporte marítimo que se establecería en Melilla tras esa operación. Situación que la delegada dice que tienen en cuenta y ha llamado a la calma de los melillenses.

Por su parte, desde el Gobierno de la Ciudad han manifestado su deseo de querer ser parte activa en la negociación del contrato marítimo. En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, ha subrayado que, en el momento de gestionar los contratos "hay que poner sobre la mesa las exigencias" para tener un servicio eficiente y que los buques tengan las garantías de salubridad y confort. Algo que se hace, según Mohatar, "poniendo un presupuesto mayor".

La autorización de la CNMC para que Baleària compre parte de los activos de Armas no es definitiva, y queda ahora en manos del Ministerio de Economía.

Lo hará gracias a un proyecto financiado con fondos europeos y en colaboración con la entidad APRONI. El objetivo es "desintitucionalizar" a los 200 niños, niñas y adolescentes que actualmente residen en los centros de acogida que gestiona la Ciudad Autónoma para que puedan "crecer en entornos familiares seguros", según Javier Francisco Soria, director general del Menor y la Familia.

Para valorar la idoneidad de la familia de acogida, los técnicos de la consejería en colaboración con la entidad APRONI, van a llevar a cabo una serie de procedimientos administrativos que la ley obliga para garantizar la protección del menor. En esta línea, el director general de APRONI, Jaime Fernández Portillo, ha explicado que la entidad se va a integrar al equipo de la Consejería de Políticas Sociales para compartir su experiencia.

Con este proyecto, APRONI y la Consejería de Políticas Sociales, junto al Ministerio de Derechos Sociales, pretenden transformar el modelo de protección infantil en Melilla para reducir la dependencia de los centros de menores y apostar por la adopción abierta.

  • Intereses inmobiliarios, falta de protección y desidia constituyen una amenaza contra el valioso catálogo arquitectónico
  • Desde el gobierno local ponen en valor las inversiones que están realizando para la rehabilitación de edificios