Un grupo de homosexuales de Sao Paulo disfruta sin esconder su orientación sexual de su deporte favorito. Muchos lo habían dejado por el clima de agresividad en los partidos y para hacer frente a esa situación crearon su propio equipo: Los Unicornios.
El Tribunal Supremo de Venezuela ha aprobado este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias. En un comunicado, el alto tribunal ha fijado además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general. El TSJ ha indicado que la decisión sobre la imposición de medidas cautelares a Ortega Díaz la adoptaron por unanimidad todos sus magistrados "en aras de garantizar el cauce procesal respectivo".
Mientras tanto, ha sido localizado el helicóptero con el que varios policías antichavistas liderados por el inspector de la policía científica, Óscar López, sobrevolaron y atacaron con disparos y granadas el edificio del Tribunal supremo en Caracas.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, ha dicho este miércoles que su país ha emitido una orden de captura internacional roja contra Óscar Pérez, el agente policial que este martes secuestró un helicóptero con el que sobrevoló, disparó y lanzó granadas contra el Supremo y el Ministerio de Interior. "Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)", ha afirmado Reverol a través del estatal VTV. Según el Gobierno, este agente de la policía científica venezolana (CICPC) hurtó el martes un helicóptero con el que sobrevoló las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ) en Caracas, donde lanzó cuatro granadas y efectuó disparos. El ataque, apunta Reverol, tiene como objeto "elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y la espiral de violencia" que, sostiene, ha convocado la oposición venezolana, a quien además acusó de mantener un "silencio cómplice" ante estos hechos.
Un grupo de policías liderado por el inspector Óscar Pérez ha atacado desde un helicóptero, con granadas y disparos de fusil las sedes del Tribunal Supremo de Venezuela y del Ministerio del Interior con un mensaje por la "libertad" del país que llama a la insurrección contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente venezolano ha calificado lo sucedido de "ataque terrorista armado" contra las instituciones del país. "Esta persona lanzó unas granadas, una no explotó", ha explicado Maduro, que ha confirmado que no ha habido víctimas pese a que en el momento del ataque había "decenas de personas" tanto en la sede del tribunal como en el ministerio.
El portavoz del gobierno, Ernesto Villegas, ha explicado que el helicóptero, un Airbus Bolkow, fue robado de la base aérea del Generalísimo Francisco de Miranda, en la capital, por el inspector Pérez y otros insurrectos. El "conspirador", ha señalado, atacó con al menos cuatro granadas de "origen colombiano" el edificio del Supremo, mientras que en la sede de lnterior se escucharon hasta 15 disparos. "Se trata de un intento de golpe de Estado", ha dicho. Pérez, agente del cuerpo de investigaciones científicas (CICPC), fue fotografiado junto a otros uniformados a bordo de la aeronave con una pequeña pancarta en la que se leía "350 libertad" en alusión al artículo de la Constitución que llama a desconocer "cualquier régimen" que contraríe las garantías democráticas. La acción de estos policías rebeldes se ha producido después de que el propio Maduro advirtiera que si se destruía la revolución bolivariana estaba dispuesto a "ir a las armas" y que "lo que no se pudo lograr con los votos lo haríamos con las armas".
El Gobierno de Venezuela ha informado de que un agente de la policía científica de ese país hurtó un helicóptero con el que sobrevoló y abrió fuego contra las sedes del Ministerio de Interior y del Tribunal Supremo (TSJ) en Caracas.
El inspector de la policía científica, Óscar Pérez, ha colgado un vídeo en Instagram en el que se le observa leyendo un escrito y dando la cara, acompañado de otros cuatro uniformados encapuchados, en el que pide a los venezolanos ir "a cada base militar" del país. Ha pedido al presidente Maduro su "renuncia inmediata" y que "sean convocadas de manera inmediata elecciones generales".
Un grupo de agentes ha sobrevolado Caracas y ha lanzado disparos y granadas contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo. El líder del ataque, el inspector Óscar Pérez, ha llamado a la insurrección contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La Fiscalía brasileña ha denunciado este lunes al presidente, Michel Temer, por corrupción pasiva, cargo que solo será aceptado tras un análisis del Supremo y con el aval de la Cámara Baja, informaron fuentes oficiales. El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en la Corte Suprema, quien decidirá luego si la remite a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales, según las cuales Temer será suspendido de sus funciones por 180 días si fuera aceptada.
Es la primera vez que un mandatario brasileño en pleno ejercicio del poder es acusado formalmente de haber cometido delitos de tipo penal, como es el caso. En medios políticos y jurídicos esta denuncia se daba como un hecho, sobre todo porque el fiscal general, Rodrigo Janot, adelantó la semana pasada su convicción de que Temer "recibió ventajas ilícitas" del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo asunto. El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, a cargo de las investigaciones y que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen "serios indicios" de que el mandatario incurrió "con vigor" en prácticas corruptas.
En otro informe entregado este lunes, la Policía Federal concluye que Temer también intentó "obstaculizar investigaciones" y "dejó de comunicar a las autoridades" las maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias.
La Misión de la ONU en Colombia ha anunciado este lunes que ya ha almacenado las 7.132 armas individuales de las FARC, un día antes del acto en el que se dará por concluido el proceso de desarme de esa guerrilla.
