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El Consejo de Ministros ha aprobado el ingreso mínimo vital para reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Se trata de una prestación de carácter permanente que busca garantizar un umbral mínimo de ingresos para todas las familias. Cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza en España, unos 850.000 hogares según la Seguridad Social, podrán cobrar esta prestanción. De ellos, 100.000 no tendrán ni que pedirlo, se le entregará de oficio en primera instancia.

Para poder solicitar el ingreso mínimo vital hay que cumplir una serie de requisitos. En prier lugar, tenerentre 23 y 65 años, aunque la edad mínima podría bajar si hay hijos a cargo. Además, la renta de un adulto que viva solo no debe haber superado los 16.614 € en el último año y 43.200 para una familia con cinco o más miembros. El ingreso mínimo vital será compatible con otras rentas salariales e irá vinculada a la búsqueda activa de empleo.

La prestación se podrá solicitar desde la sede electrónica de la Seguridad Social a partir del 15 de junio y se cobrará mensualmente con efectos retroactivos desde el día 1 de junio.

El vicepresidente segundo del Gobierno ha hablado de la medida como"el mayor avance en derechos sociales desde la ley de dependencia de 2006" y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha explicado"que va a tener un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza".

Informa Esperanza Martín

Las islas canarias de La Gomera, El Hierro y La Graciosa,  además de la isla balear de Formentera pasarán el próximo lunes a la Fase 3 de la desescalada, dada la buena evolución de la epidemia de coronavirus en ellas. Las cuatro islas llevan al menos una semana de ventaja con el resto del territorio español, ya que comenzaron el proceso de desescalada directamente en Fase 1.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado la "muy buena evolución de los datos" en estos territorios, que es la que ha llevado al Ministerio de Sanidad a aceptar su progreso en la desescalada. Al igual que sucedía al inicio, el pasado 4 de mayo, las cuatro islas -que suman entre todas menos de 50.000 habitantes- siguen encontrándose en una situación casi óptima en cuanto a la transmisión potencial del virus.

A partir del próximo lunes alrededor del 70% de los españoles estarán ya en la Fase 2 del plan de desescalada, han anunciado en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón. En la Fase 1 permanecerá en torno al 30% de la población (Madrid, Barcelona, casi todo el territorio de Castilla y León y Lleida), mientras que cuatro islas avanzan a la Fase 3.

Toda Castilla y León permanecerá en la Fase 1 menos la comarca de El Bierzo y Laciana, que avanza a la Fase 2. En Cataluña, pasan a la Fase 2 las áreas sanitarias de Cataluña Central, Girona y Alt Penedés y El Garraf. El área sanitaria de Lleida permanece en la Fase 1. En Castilla-La Mancha pasan a la Fase 2 las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete. En Valencia pasan las tres provincias al completo y en Andalucía avanzan las dos provincias que permanecían en Fase 1: Málaga y Granada. En Murcia, la localidad de Totana abandona la Fase 1, por lo que toda la comunidad se sitúa en Fase 2.

El descenso también se certifica en los fallecidos semanales, 38, uno menos que los recogidos este miércoles. Desde el comienzo de la pandemia ha habido 237.906 casos confirmados por PCR, mientras que los decesos se cifran en 27.619. Sigue la tendencia a la baja en la hospitalización: 301 casos han necesitado de este procedimiento en la última semana.

La vicepresidenta económica ha asegurado en la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción que la recuperación del país pasa por la creación de un plan de inversiones y reformas de dos años que debe centrarse en la transformación digital, transformación ecológica, el campo o el empleo. Calviño asegura que hay que modernizar la economía y la sociedad, que el empleo sea más inclusivo y justo y que toda la población tiene un papel que cumplir. Asimismo, cree que a medio plazo será necesario recuperar la senda de consolidación fiscal y ajustar el marco impositivo a los nuevos tiempos.

Uno de cada tres pacientes hospitalizados por COVID-19 en España desarrolló dificultad respiratoria y uno de cada cinco falleció,  según los resultados preliminares del primer gran registro clínico nacional multicéntrico sobre esta enfermedad que lleva a cabo la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Se trata de un estudio que contiene datos de 12.213 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2 confirmado, dados de alta o fallecidos, y en el que participan, actualmente, 604 investigadores de 146 centros hospitalarios de todas las comunidades.

El Ministerio de Sanidad ha constatado que desde el inicio de la pandemia de coronavirus, durante los meses de marzo y abril, se ha producido un descenso en el número de dosis administradas de vacunas,  con lo que ha estimado necesario restablecer de forma progresiva la normalidad en el calendario vacunal.  Este descenso de la vacunación ha afectado principalmente a aquellas consideradas prioritarias, como en bebés de hasta 15 meses, embarazadas y grupos más vulnerables.

Durante su décima comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso por la crisis del coronavirus, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha instado a "reestablecer progresivamente" la normalidad en el calendario vacunal, poniendo "al día" estas dosis atrasadas durante los meses más duros de la pandemia.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado en la Comisión para la Reconstrucción que"las nacionalizaciones son perfectamente posibles con la Constitución" al reflexionar sobre el cierre de la platan de Nissan en Barcelona.

Además,  el vicepresidente segundo ha acusado a Vox de querer "dar un golpe de estado, pero no se atreven porque eso además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse". El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha abandonado en ese momento la comisión.

Iglesias, asismismo, había pedido al PP al inicio de su intervención que reconociera que se equivocaron con sus "recortes" y sus "privatizaciones" en la sanidad pública. El vicepresidente segundo del Gobierno cree que esos "ataques" han debilitado a España para afrontar la pandemia de coronavirus y ha vuelto a insistir en la necesidad de poner en marcha un impuesto a las grandes fortunas, aunque ha reconocido que no es un planteamiento que comparta todo el Gobierno.

Informa David Fernandez

El cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos hace dos días fue la semilla que germinó en la sesión parlamentaria más bronca del estado de alarma. La oposición cargó duramente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que volvió a descartar la relación entre su decisión y el informe del 8-M realizado por el coronel- Por su parte, Sánchez criticó fuertemente a Casado, del que dice que empieza a ser indistiguible de Vox, poco antes de que García Egea y Álvarez de Toledo arrastraran a Iglesias al enganchón más fuerte de todo el debate: la portavoz de los populares acusó al vicepresidente del Gobierno de ser "hijo de terrorista".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha valorado positivamente el acuerdo tanto en el plano económico, como político y competencial o en el ciudadano, pues los vascos podrán beneficiarse desde el principio de una gestión que ya se está llevando a cabo a través de la renta de garantías de ingresos del gobierno de Vitoria, evitando así posibles duplicidades. Esteban ha sido categórico al desligar este acuerdo con un posible apoyo al estado de alarma.

Terminada la reunión entre Ejecutivo y autonomías parece haber acuerdo, pero la puesta en marcha del plan del ministerio de Universidades se retrasaun año: la bajada del precio de matrículas de primer año no llegará el próximo curso, sino dentro de 3.  El techo fijado que no podrá superar ninguna CC.AA. es menor al de 2012: en 2022 y 2023, no se podrán superar los 18,46 euros por crédito, cantidad casi duplicada por Cataluña y Madrid.