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El Gobierno ha enviado a los agentes sociales su última propuesta para modificar la reforma laboral. Le da un golpe importante a los contratos temporales. Serán de seis meses o un año como máximo y el empresario tendrá que explicar las causas y circunstancias del despido. Si se incumple, el trabajador se convertirá directamente en indefinido. Informa Esperanza Martín

El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en la actualidad existe algo más de un millón de trabajadores eventuales en el sector público, la mayor parte de ellos en comunidades autónomas y ayuntamientos. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de ese millón de trabajadores eventuales, alrededor de 300.000 interinos estarían en fraude de ley, por llevar en su puesto más de los tres años que marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Para esos 300.000 interinos en fraude de ley, el ministro Miquel Iceta planea impulsar una avalancha de oposiciones en los tres próximos años, hasta finales del 2024. Además, el ministro está negociando con los sindicatos una reforma del artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, que pretende llevar al Congreso este mismo mes de junio, para que ningún nuevo eventual pueda permanecer en su puesto más de tres años.

El ministro quiere que los nuevos eventuales tengan que ser despedidos al cabo de tres años y que su puesto se quede sin cubrir un año más, como fórmula para penalizar a las administraciones que sigan con estas prácticas. El fenómeno de la temporalidad de los empleados públicos se da sobre todo en comunidades autónomas y en ayuntamientos, donde se concentra el 80% del empleo público. En estas administraciones, la tasa de temporalidad es del 40%. En el Estado la tasa de temporalidad es del 8%, y es el porcentaje que el Gobierno quiere que sirva de referencia para el conjunto de las administraciones. El reto es cómo se hace intentando casar de la mejor manera los intereses contrapuestos en juego: de quienes llevan años en un puesto que no han podido consolidar por dejadez de las administraciones y los de quienes aspiran a poder prepararse una oposición y concurrir a pruebas abiertas para todo el mundo.

Lo cuenta Rosa Sánchez en esta sección del 24 horas.

El paro se ha reducido en mayo en 129.378 personas hasta los 3,78 millones de desempleados, registrando la mayor bajada mensual de la serie histórica, mientras que la creación de empleo cuenta con 211.923 nuevos cotizantes y un total de 19.267.221 afiliados de media. Una mejoría que coincide con el final del estado de alama, impulsando una reactivación económica, y que supone que se recupera el grado de ocupación previo a la pandemia. Los sindicatos y empresarios coinciden: son buenos datos, pero aún queda camino por recorrer.

Foto: EFE/RODRIGO JIMÉNEZ

La vicesecretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, no habla de mal dato de paro, pero pide relajar el optimismo: “Todavía no lanzaría las campanas al vuelo. Los datos de mayo son datos de un mes en el que se acaba el estado de alarma y se retoma la movilidad. Que nos podamos mover significa que la cosa mejora, pero el año pasado pasó lo mismo y luego ya vimos lo que pasó”. Apuesta por poner medios para consolidar la posible recuperación y evitar que sea un rebote momentáneo. Considera esencial atacar el problema “salvaje” del paro juvenil y analizar bien a las PYMES y autónomos que se están viendo afectados por la crisis. “Tiene que haber una regulación nueva en línea con lo que pide Europa, que se preocupa por las empresas que cierran”. Teme que en septiembre habrá que volver a renovar el acuerdo de los ERTE. Es algo más optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, pero advierte que su partido querrá analizar punto por punto lo que plantee el Gobierno. “No nos gusta que el Ministerio va por partes y no pone sobre la mesa el problema, el factor de sostenibilidad. Lo deja para el futuro”. Recuerda que es algo determinante para recibir los Fondos Europeos. Por último, critica la subida del recibo de la luz y niega que el texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros vaya a reducir el impacto. “El Gobierno ha tomado decisiones que han perjudicado el equilibrio tarifario y se han comido el remanente. Ahora está en déficit y no puede salir adelante”. Según Rodríguez, “la nueva factura tendrá efecto en el hogar medio que no puede cambiar sus patrones de consumo”.

Esta mañana, 200 entidades del tejido económico catalán se reúnen para defender el proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat. La obra, que contempla una inversión de AENA de 1.700 millones de euros, se traduciría en una nueva terminal y en la ampliación de la tercera pista. El problema es que afecta a unos humedales del Delta del Llobregat. Es el motivo por el que las organizaciones ecologistas se oponen. En Las mañanas de RNE Javier Faus, presidente del Círculo de Economía, ha dicho que es compatible proteger la zona sin perder una inversión de tales características. “Hay otros ejemplos, como el Puerto de Rotterdam. Su ampliación también afectaba a humedales y la UE la aprobó por las compensaciones. Por cada hectárea que se descalifica, se protegen otras 10”. Faus confía en que los colectivos que se oponen entiendan que este proyecto se traduciría en un mayor crecimiento económico y en más productividad y defiende que la UE es muy garantista con la protección del Medio Ambiente. Apuesta por llegar a un acuerdo en la Mesa de Diálogo que va a crear el presidente de la Generlaitat, Pere Aragonés.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha adelantado en 'Las mañanas de RNE' que en mayo se han creado más de 200.000 nuevos empleos. "Los datos de mayo van a ser muy positivos con más de 200.000 nuevos trabajadores afiliados a la Seguridad Social", ha dicho Escrivá que calcula que este mes terminará con 550.000 personas en ERTE.

El ministro ha hablado también sobre el acuerdo inminente con los agentes sociales para reformar el sistema de pensiones. Una reforma que, según Escrivá, garantizará que los pensionistas mantengan siempre su poder adquisitivo porque las pensiones se revalorizarán cada año con el IPC del año anterior. Además, se ha comprometido a derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, aunque ha reconocido que aún no está diseñado "el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional".

El Congreso ha mandado ya al Senado la ley de trabajo a distancia o teletrabajo, una modalidad poco extendida en nuestro país hasta que comenzó la pandemia. Será voluntario y reversible tanto por parte del trabajador como de la empresa. Y habrá sanciones duras si se incumple la norma.

Pepa fue explotada en un hotel de Pamplona trabajando como camarera durante seis años sin librar un solo día y a doble jornada. "He estado seis años sin ver la luz del sol", explica en una entrevista en 'Las Cosas Claras'. El dueño del hotel ha sido condenado por explotación laboral a 3.000 euros y nueves meses de prisión.

Dicen que su trabajo duele. Aseguran que la ingesta de medicamentos se ha vuelto casi rutinaria, pero que "lo necesitan" porque "no pueden estar paradas". Según datos de CC.OO., en temporada alta llega a habr hasta 100.000 camareras de piso trabajando; tras la COVID-19, casi la mitad, en torno a 40.000, están en un ERTE o en paro y muchas de ellas sufren lesiones.

Hace apenas tres años, la movilización de las camareras de piso de los hoteles despertó una enorme ola de solidaridad hasta el punto de que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó a recibirlas en la Moncloa. Pero tres año son mucho tiempo, especialmente si entre medias toca vivir una pandemia mundial. El coronavirus ha paralizado al sector turístico y ensordecido las reivindicaciones del gremio. Las 'kellys', ahora, se debaten entre el medio a los dolores propios de su oficio y la necesidad de retomarlo cuanto antes.

'Las 'kellys': el trabajo duele más tras la pandemia' es un trabajo de Antonio Delgado y Juan Morello, del equipo de Reportajes de Radio Nacional.