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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado por intento de homicidio a un preso que ha protagonizado uno de los episodios más violentos de los últimos años en las cárceles españolas. Según datos del Ministerio del Interior, cada año en las prisiones españolas tienen lugar al menos cinco peleas calificadas de muy graves.

Un informe de Amnistía Internacional denuncia el ahorcamiento en secreto de hasta 13.000 presos por parte del régimen de Al Asad durante los cinco años de guerra en Siria. Un programa de ejecuciones extrajudiciales, según la ONG, llevado a cabo en una cárcel cerca de Damasco. La mayoría de las víctimas eran civiles opositores.

El ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella y cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca, ha salido este sábado de la prisión provincial de Alhaurín de la Torre en el primer permiso de tres días que se le ha concedido desde que fue encarcelado en marzo de 2006. Roca no podrá ir a Marbella, ya que el permiso se le ha concedido para fuera de dicho municipio malagueño, por lo que se trasladará a Murcia con su familia y bajo medidas preventivas.

Tres equipos multidisciplinares diferentes informaron a favor de los permisos penitenciarios concedidos a Tomás Pardo, el violador que aprovechó su último permiso penitenciario para raptar, violar e intentar matar a una mujer. El juez de vigilancia penitenciaria, por el contrario, denegó los permisos trece veces. Los expertos hablan de un "error difícil de evitar".

Brasil es el cuarto país del mundo en población carcelaria, pero también uno de los que soportan un mayor nivel de precariedad y violencia en los centros penitenciarios. Los últimos motines han puesto de manifiesto esta situación. La falta de seguridad o el hacinamiento provocan periódicas reyertas entre los internos. Desde hace ya varios años, y sobre todo desde que estalló la crisis, las autoridades tienen asumido que no pueden vigilar todo lo que pasa dentro de las cárceles, que bastante tienen con controlar lo de fuera. La situación de las prisiones brasileñas es deplorable. El número de internos se ha duplicado en diez años, hasta llegar a más de 700.000 en la década del crecimiento económico, lo que no creció fue la capacidad del sistema penitenciario.