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El Consejo Ejecutivo del Govern catalán deja hoy una imagen inusual. Una demostración de apoyo, ha dicho la portavoz, Neus Munté, después de la inhabilitación. La portavoz del Govern ha explicado que cuentan con el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau para hacer "pedagogía" sobre el referéndum y el proceso independentista. Esta invitación ha irritado a la oposición, que ha acusado al Govern de utilizar el Consell Executiu como su sala de conferencias.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "diálogo y cooperación" para defender los intereses generales de todos los catalanes, que a su juicio se están viendo deteriorados por el desafío independentista abanderado por el Govern de Cataluña, a lo que Rajoy ha respondido que "la defensa de la legalidad no excluye el diálogo político e institucional ni viceversa".

En la sesión de control en el Congres de este miércoles, Hernando ha pedido al presidente del Gobierno que detalle qué piensa hacer con Cataluña, donde, si PDeCAT, ERC y la CUP continúan con sus planes, habrá un referéndum de autodeterminación dentro de seis meses y la situación política "cada día es más preocupante".

Rajoy se ha limitado a contestar que el Gobierno cumple con su deber al "trabajar por el interés general de todos los catalanes, cooperar lealmente con las instituciones autonómicas y preservar el ordenamiento constitucional y el respeto a la legalidad", lo que el portavoz socialista ha considerado insuficiente y ha pedido al jefe del Ejecutivo "que vaya un pasito más allá y no se quede en el mantra de la ley y en un diálogo que de momento es un conjunto vacío".

Hernando ha denunciado que ante el desafío planteado por el independentismo catalán hay un "ruido enorme" y un "silencio sepulcral" entre el "reduccionismo" de los nacionalistas que quieren imponer solo la vía del referéndum frente a quienes "no quieren dar ni un solo paso de contenido político".

A esto, Rajoy ha replicado que el Gobierno no ha dejado de hacer política con Cataluña para mantener los servicios públicos y garantizar la estabilidad financiera y que mantiene "plena disposición al diálogo desde la lealtad a la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía", incluyendo al PSOE, aunque ha lamentado que este no le ha ofrecido ninguna solución hasta el momento.

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