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Amnistía Internacional denuncia que el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega ha cometido graves delitos contra los derechos humanos y ha sembrado una oleada de represión policial como respuesta a las manifestaciones civiles. Desde que comenzaron las protestas, hace seis meses, han muerto 322 personas, hay miles de heridos y unos 20.000 nicaraguenses han huído del país. El informe "Sembrando el terror" recoge también casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Aministía Internacional denuncia además el uso de armamento militar contra la población y la coordinación de la policía con grupos parapoliciales.

Amnistía Internacional ha presentado en Madrid un informe sobre la situación en Nicaragua en el que se denuncia la situación de los derechos humanos en el país y la persecución que están sufriendo los que protestan en la calle. El informe se titula "Sembrando el terror" y según Amnistía Internacional se han producido graves delitos del gobierno nicaragüense sobre los ciudadanos, con una fuerte oleada de represión policial contra los manifestantes políticos. Según este informe, el Ejecutivo de Daniel Ortega ha llamado "terrorista" a todo manifestante opositor, ha matado, torturado y posiblemente cometido ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía.

Vilma Núñez, abogada y activista por los derechos humanos en Nicaragua, afirma en una entrevista en el canal 24 horas que la represión policial en Nicaragua se debe a que "Ortega quiere perpetuarse en el poder al coste que sea" y rechaza cualquier forma de solución que se le han presentado, incluyendo la desactivación de las vías de diálogo que él mismo abrió.

Núñez alerta del peligro de una "crisis humanitaria" por la salida masiva de nicaragüenses del país en busca de refugio, así como una "confrontación militar". "Ortega quiere llevar la lucha cívica a una guerra civil porque es el terreno en el que él se sabe manejar".

La principal demanda ahora de los manifestantes nicaragüenses es que pare la represión policial y desarme a los grupos paramilitares "que circulan impunemente por las calles sembrando el terror, encapuchados y apresando a jóvenes, hostigando a sus familiares en sus hogares sin respetar la edad –muchos ancianos han sido encarcelados-", explica Núñez, así como la  "represión selectiva” en contra de periodistas y activistas.

  • 993 personas fueron ejecutadas en 2017, un 4% menos que en 2016
  • Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahreín engloban el 84%
  • EE.UU. sigue siendo el único país en aplicar esta pena en América
  • Tres españoles están en riesgo de ser condenados a muerte
  • Lee el informe completo de Amnistía Internacional