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Defender los derechos humanos es cada vez más difícil en el mundo. Los activistas, hombres y mujeres, se arriesgan a ser blanco de procesos judiciales, campañas de desprestigio, acoso, amenazas y, en los casos más extremos, desapariciones forzadas y asesinatos. En 2016, 281 activistas perdieron la vida, 125 más que el año anterior.

Amnistía Internacional (AI) considera que estos niveles de persecución, intimidación y violencia son inéditos, y por ello ha lanzado una campaña internacional con el lema "Valiente" para destacar el trabajo de estas personas y pedir su protección.

"Eritrea es una gran prisión", ha explicado Berekhet, quien tuvo que huir de Eritrea tras fundar una web informativa para denunciar la falta de libertad del régimen.

América Latina es especialmente peligrosa para los activistas que defienden los derechos de los indígenas a la tierra y el medio ambiente. El caso más conocido es el de la hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

Pascual Bernabé Velázquez representa al "gobierno plurinacional" de los indígenas mayas de la región de Huehuetenango, en Guatemala, que se oponen a las empresas hidroeléctricas. Los líderes indígenas han sido encarcelados y posteriormente puestos en libertad, y algunos asesinados.

"Defendemos el territorio, el agua, las montañas, los animales - ha asegurado durante el acto de AI - El Gobierno, con sus propias leyes, que son para los empresarios, está presionando a las personas".

Belal Darder, fotoperiodista egipcio de 22 años, ha huido de su país tras ser alertado de una sentencia de 15 años de cárcel contra él por sus coberturas periodísticas. Ahora se encuentra en España, acogido a un programa de Amnistía Internacional de solicitud de asilo. A pesar de su juventud, las fotos de Darder han abierto algunas de las principales portadas del planeta. Su deseo es regularizar su situación para volver a Oriente Medio a ejercer el periodismo. Desde España denuncia la persecución que sufren los informadores en Egipto

Los sistemas de vigilancia son cada vez más intrusivos y masivos; la privacidad de nuestras comunicaciones, más vulnerable; y la libertad de expresión, más restringida. Es la deriva que se está viendo en Occidente, también en Europa, en la lucha contra el terrorismo, advierte Amnistía Internacional. De forma que la seguridad, según esta ONG, ha terminado convirtiéndose en arma electoral. Por primera vez, países muy poderosos como Rusia, EEUU, Turquía, Hungría cuestionan concepto DDHH. La organización también critica la política de acogida de refugiados. El año pasado, 36 países violaron el Derecho Internacional al enviar de forma ilegal a personas a países donde sus vidas corrían peligro. Uno de ellos es España. Una ola de refugiados provocada por los conflictos que asolan África y Oriente Próximo desde hace años, ante la inoperancia de la comunidad internacional.

Un informe de Amnistía Internacional denuncia el ahorcamiento en secreto de hasta 13.000 presos por parte del régimen de Al Asad durante los cinco años de guerra en Siria. Un programa de ejecuciones extrajudiciales, según la ONG, llevado a cabo en una cárcel cerca de Damasco. La mayoría de las víctimas eran civiles opositores.

Cuando comenzó, hace ya más de 5 años, la revuelta popular contra el régimen sirio que ha derivado en una cruenta guerra civil, mucha gente que vivía en las zonas controladas por los rebeldes creyó que por fin se iba a librar de la brutal dictadura de Bashar al Assad. Pero la realidad es muy distinta. La guerra está enconada, y en las zonas del norte del país controladas por esos grupos armados de oposición, como Alepo o Idleb, también se vive bajo prácticas dictatoriales. Un informe publicado este martes por Amnistía Internacional documenta una aterradora oleada de secuestros, torturas y ejecuciones sumarias. Esos grupos, dice la organización, cometen con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario.

La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual durante el arresto y el interrogatorio en las cárceles mexicanas. Así lo denuncia Amnistía Internacional, que ha recabado hasta 100 testimonios de víctimas que aseguran haber sufrido abusos psicológicos o acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad como método para obtener confesiones. Las 100 mujeres entrevistadas aseguran haber padecido algún tipo de abuso. 72 de ellas reconocer haber sido abusadas sexualmente y 33 haber sido violadas. Hasta 66 denunciaron los hechos ante un juez, en 22 casos se abrieron investigaciones y hasta el momento no se han presentado cargos contra nadie.