- El hombre dijo que la mujer había entrado a robar y que no quería abandonar la vivienda
- Está acusado de un delito de agresión sexual y otro de detención ilegal
La denuncia en Madrid a un profesor de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) de 37 años ha vuelto a poner bajo el foco público los filtros de contratación en los centros educativos y el alcance real de las comprobaciones penales. El docente, que ejerció como profesor de Matemáticas en el colegio religioso Mercedarias de Don Juan de Alarcón entre 2019 y junio de 2024, permanecía pendiente de juicio por una causa judicial abierta tras una denuncia por abusos presentada en julio de 2024, apenas un mes después de abandonar dicho centro.
Pese a ello, en octubre de 2026 el docente continuaba ejerciendo la docencia en un colegio concertado del barrio de El Cañaveral, en la capital, donde fue arrestado por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Actualmente se encuentra en prisión provisional sin fianza decretada por la autoridad judicial el pasado 16 de octubre, investigado por agresiones sexuales a al menos nueve alumnos de entre 12 y 15 años, además de presuntos delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming. La investigación policial comenzó después de que varios alumnos relataran a otros profesores los abusos sufridos durante una excursión en el Camino de Santiago, lo que permitió activar la denuncia policial.
Fotografía: Getty.
- El certificado para trabajar con menores no incluye investigaciones en curso
- Los colegios deben verificar la documentación del docente antes de contratarlo
Un profesor de matemáticas de un colegio madrileño ha sido detenido provisionalmente por agredir sexualmente a varios menores, tras la denuncia interpuesta por un alumno. El caso investiga a una docena de posibles víctimas. La normativa exige un certificado negativo de delitos sexuales para ejercer con menores, aunque los expertos recuerdan que este documento solo refleja condenas firmes, evidenciando limitaciones legales frente a denuncias previas o investigaciones en marcha. FOTO: EUROPA PRESS
- El docente está siendo investigado por agredir sexualmente a al menos nueve niños
- En el momento de la detención trabajaba en otro centro concertado de la capital
- La primera manifestación se convocó en Sevilla en 2006, siguiendo un llamamiento de José Saramago
- Lanzan un llamamiento de hombres hacia hombres sobre su papel para acabar con las violencias sobre las mujeres
- La investigación continúa abierta, ya que se han identificado a otras posibles víctimas de entre 12 y 15 años
- Las agresiones sexuales se habrían producido tanto dentro de las instalaciones escolares como fuera
- Evitará así someterse a la moción de censura planteada por PP y Vox
- El alcalde ha defendido su inocencia y dice que las acusaciones son "falsas"
- Rectifica el criterio que facilitó el archivo de la primera tentativa judicial a principios de año
- Corresponde al juez decidir si abre o no una investigación a fondo sobre los hechos denunciados
El PP ha pedido al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que dimita tras salir a la luz dos denuncias por presunta agresión sexual. El edil, sin embargo, ha dicho no tener constancia de estas denuncias y resiste la presión de su propio partido.
“Sigo con la agenda que teníamos programada”, ha dicho a la salida del Ayuntamiento. Landaluce, que ha perdido el apoyo de gran parte de su grupo, ha afirmado que cuenta con "pruebas" de su inocencia.
Foto: A. Carrasco Ragel / EFE
Estudiantes y profesores exigen responsabilidades por cómo se gestionó la denuncia de una presunta violación grupal ocurrida hace dos años en el prestigioso campus la Universidad de Cornell, en Nueva York. Una alumna ha denunciado que las autoridades archivaron su caso sin llegar a investigarlo y ahora ha decidido sacarlo a la luz denunciando a la universidad y a los siete agresores. Además, reclama cambios profundos en Cornell y en la forma de afrontar la cultura de la violación en todo el mundo.
Foto: RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
- "Quieren silenciarla y hacerle daño si no quita la demanda", ha explicado su abogado a la CNN
- El caso se remonta a 2024 y se ha vuelto a abrir tras conocerse irregularidades en el proceso de investigación
#YaTDigo - Una violación grupal y 7 hombres que quedan impunes. El caso de Cornell ha escandalizado al mundo. La Fiscalía investiga la demanda de 100 páginas de una joven que, asegura, fue drogada y violada durante horas por siete estudiantes de esta prestigiosa universidad de Nueva York.
El encubrimiento entre sí de los perpetradores, el silencio de los compañeros de fraternidad que lo sabían, la respuesta del centro en su momento o el miedo de la víctima a hablar cumplen, punto por punto, la lógica de la cultura de la violación.
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Un agente de la Policía Nacional ha sido condenado a casi diez años de prisión por violar a una menor de 17 años y ha sido suspendido de empleo por el Ministerio del Interior. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando el agente utilizó una identidad falsa en una aplicación de compraventa para publicar, entre otros, un anuncio en busca de una niñera.
Según la sentencia, el agente contactó con la menor, pese a conocer su edad, y la recogió en su coche con el falso pretexto de hablar sobre trabajo. Después, la llevó a un descampado, donde abusó sexualmente de ella, y posteriormente se deshizo de la tarjeta SIM que había utilizado para comunicarse con la joven.
La sentencia aún puede ser recurrida. El tribunal considera que la conducta del agente y la destrucción de la tarjeta SIM, entre otros elementos, acreditan que el autor de los hechos conocía que la víctima era menor de edad.
Este miércoles se cumplen dos meses de la entrada masiva de Ceuta, y todavía quedan miles de personas en la calle. Algunas de ellas son mujeres, solas o con menores a su cargo. Todavía no han conseguido plaza en ningún centro y se sienten inseguras. Un equipo de TVE ha hablado con ellas para saber cómo están y por qué entraron en Ceuta. Son las más vulnerables en esta crisis. Se han denunciado 37 agresiones sexuales, 14 de ellas a menores.
FOTOGRAFÍA: Marcos Moreno / EP
- La víctima, una menor marroquí de 17 años, tuvo que ser reanimada por los agentes
- La Policía ha realizado un operativo en la playa del Trampolín para filiar a los menores que permanecen allí
¿Qué ocurre cuando una niña o un niño denuncia violencia sexual dentro de su propia familia y no se le escucha? ¿Y qué sucede con las madres que deciden creerles y protegerles?
En Radioactivas conversamos con las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza Casares, autoras de Hija, yo sí te creo (Libros del K.O.), una investigación sobre las llamadas madres protectoras, la violencia sexual contra la infancia y su relación con el sistema judicial y las instituciones.
A partir del caso Infancia Libre y de años de investigación, analizamos la falta de escucha a niñas y niños, la criminalización de algunas madres que denuncian estos abusos, el papel de los medios de comunicación y las dificultades para investigar la violencia sexual infantil. Un episodio que pone en el centro una pregunta esencial: ¿estamos escuchando y protegiendo suficientemente a la infancia?
- Los abusos, examinados ya en un primer juicio que quedó anulado, se remontan a 2006
- La víctima, Miriam Haley, relata las secuelas de los abusos en su vida
- Avala la condena la sentencia del TSJA en 2023 y de la Audiencia de Almería en 2022
- Los hechos ocurrieron en 2017 en una furgoneta estacionada cerca de una discoteca en Mojárcar
- La Comisión Permanente recoge 39 víctimas en este periodo: un varón y 38 mujeres, 14 de ellas menores de edad
- En cuanto a los 37 presuntos agresores, todos varones, 18 no han sido identificados