La Fiscalía avala ahora que la Audiencia Nacional examine la querella de las extrabajadoras de Julio Iglesias por abusos
- Rectifica el criterio que facilitó el archivo de la primera tentativa judicial a principios de año
- Corresponde al juez decidir si abre o no una investigación a fondo sobre los hechos denunciados
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La Fiscalía ha modificado su criterio en relación a las denuncias presentadas por dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias por presuntos abusos y entiende ahora que la Audiencia Nacional sí puede examinar la última querella, después de que las dos mujeres iniciasen a principios de año un primer intento judicial fallido.
El Ministerio Público responde a una nueva querella presentada el pasado mes de septiembre y, según fuentes judiciales citadas por RNE, entiende ahora que la Audiencia Nacional sí es competente. El informe de la Fiscalía y está en manos del juez, a quien corresponde decidir si abre una investigación formal o archiva los trámites.
Las denunciantes, identificadas por los nombres ficticios de Rebeca y Laura, esgrimen en su querella que Iglesias "habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante". Aluden a "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas", así como a "condiciones laborales forzadas y degradantes", según informó la ONG Women's Link, que les asesora en todo este proceso.
Varios delitos en juego
La organización considera que los hechos relatados por las denunciantes podrían constituir "delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional llegó a tomar en enero declaración a Rebeca y a Laura, en el marco de una denuncia que apuntaba presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales. El Ministerio Público alegó entonces que los tribunales españoles carecían de jurisdicción, apelando entre otras cosas a que los hechos denunciados ocurrieron íntegramente en el extranjero.
Iglesias solicitó el archivo y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones. De hecho, llegó a demandar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por intromisión al honor al dar por sentadas las acusaciones planteadas en la primera denuncia, pero el Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la denuncia.
