La lucha contra los 'sin papeles' centra el primer consejo de ministros de Berlusconi

Ampliar fotoINCENDIO EN CAMPAMENTO NÓMADA

Incendio en un campamento de gitanos en Ponticelli, en Nápoles.EFE

  • La polémica ley de seguridad considera delito la inmigración clandestina
  • Asociaciones de derechos humanos la rechazan y la Iglesia la tilda de "error"

Ver vídeo 'Queman campamentos de rumanos en Italia'

La policía italiana detuvo a 400 rumanos en una operación contra la inmigración ilegal

AGENCIAS NÁPOLES (ITALIA) 

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, celebra su primer consejo de ministros en Nápoles con dos grandes cuestiones sobre la mesa: la crisis de las basuras que sufre la ciudad desde hace meses y la aprobación de su polémica ley de seguridad

La norma considera delito la inmigración clandestina y contempla penas que van de los seis meses a los cuatro años de cárcel, según han informado diversos medios locales citando fuentes políticas. 

La lucha contra los 'sin papeles' de 'Il Cavaliere' no es nueva: durante su anterior mandato, la consideración de la inmigración ilegal como delito ya figuraba en una ley, que fue declarada parcialmente inconstitucional. 

Ahora esa consideración vuelve en el proyecto de ley que se aprobará hoy y será debatido en el Parlamento, donde, aunque la oposición ya ha anunciado una fuerte batalla, los conservadores tienen mayoría absoluta. 

Grupos pro derechos humanos de Italia y de Europa rechazan esta medida y advierten de que sólo servirá para fomentar el racismo. La Iglesia también la considera un "error", ya que, según ha dicho el cardenal Renato Martino, no se puede acusar a los inmigrantes de todo lo malo. 

Mano dura contra los 'ilegales' 

En el 'paquete' de medidas, según las filtraciones a los medios, figura la expulsión de un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a dos años. También se contempla el aumento de la pena en un tercio cuando quien comete el delito es un clandestino y fija la permanencia máxima de los inmigrantes ilegales en los centros de acogida en 18 meses. 

Quien alquile una vivienda a un ilegal puede ser condenado a una pena que va de seis a tres años y multas de entre 100 y 150.000 euros y la casa confiscada. Los padres que manden a sus hijos a la mendicidad pueden ser condenados hasta a tres años de cárcel y le se quitará la patria potestad. 

También se contempla el endurecimiento de los requisitos para adquirir la ciudadanía italiana para el cónyuge extranjero. Hasta ahora bastaban seis meses para conseguirla y a partir de ahora serán necesarios dos años de residencia legal.

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