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El Constitucional lanza un nuevo aviso a Torrent sobre el riesgo penal de desobediencia si ignora sus resoluciones

  • También avisa al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia 
  • Torrent ha anunciado que desoirá al TC y no permitirá la censura en el Parlament

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El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra
El presidente del Parlament, Roger Torrent, durante una sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra. EFE/Andreu Dalmau

El Tribunal Constitucional (TC) ha lanzado un nuevo aviso al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Mesa sobre el riesgo penal del delito de desobediencia si ignora o elude sus resoluciones contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament que reclamaban una respuesta institucional a la sentencia del 'procés', si bien ha rechazado pedir la apertura de la vía penal contra ellos, según han informado a TVE fuentes del tribunal.

En una reunión de urgencia convocada este martes a las 10:00 horas, el TC ha admitido a trámite tres incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre, en los que se reiteran la disposición a debatir sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación al rey Felipe VI.

Sin embargo, según las mismas fuentes, el TC ha rechazado por el momento deducir testimonio (pedir la apertura de la vía penal) para exigir posibles responsabilidades penales, como pedía el Gobierno.

Torrent dice que no aceptará la censura en el Parlament

Por su parte, y poco después de conocerse este último aviso, Torrent ha comparecido ante los medios en el Parlament y ha anunciado que desoirá los avisos del Constitucional porque en la Cámara catalana "se debe poder hablar de todo" y ha tildado de "intentos de censura" las impugnaciones a resoluciones sobre monarquía o autodeterminación.

"En el Parlamento de Cataluña se debe poder hablar, debatir y votar de todo. Es la libertad de expresión de los diputados y se protegen así también los derechos de los ciudadanos a los que representan", ha señalado Torrent, que ha asegurado que ni él ni la Mesa impedirán debatir y votar la propuesta de resolución de ERC, JxCat y la CUP sobre de respuesta a la sentencia del 'procés'.

"El Gobierno focaliza en mí la responsabilidad y las decisiones de la Mesa del Parlament. Hay una voluntad de individualizar la responsabilidad, pero lo que no sabe o entiende el Gobierno es que esos debates seguirán vivos en la sociedad catalana. No es cuestión de un presidente u otro", ha señalado en rueda de prensa.

Para Torrent, "es peligroso que se intente limitar debates parlamentarios", por lo que él se "mantendrá donde siempre", es decir, "en la defensa del derecho de los grupos parlamentarios a poder posicionarse sobre todo". Además, ha recordado que, "sobre la autodeterminación, el Parlament ha aprobado resoluciones desde 1989".

Torrent ha instado a Sánchez a dejarse de "persecución parlamentaria" y "sentarse a hacer política a una mesa de diálogo". Por otro lado, ha tachado de "absoluta anormalidad" el hecho de que "el TC se reúna de urgencia para amenazar de nuevo a la Mesa y al presidente del Parlament".

Tercer requerimiento a Torrent

Es la tercera vez en menos de un mes que el TC apercibe a Torrent de la posibilidad de estar cometiendo un delito, y en esta ocasión lo hace al admitir a trámite tres incidentes de nulidad presentados por el Gobierno contra dos acuerdos de la Mesa del Parlament del 22 y 29 de octubre.

El Gobierno insiste en que los acuerdos del 22 y 29 de octubre incumplen sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en 2015, 2018 y 2019 relacionadas con la independencia de Cataluña y la Monarquía.

Pero esos acuerdos también incumplen dos recientes providencias del Tribunal Constitucional notificadas los pasados 10 y el 16 de octubre en las que ya se advirtieron a Roger Torrent y a cada uno de los miembros del órgano que dirige el Parlament, así como en la segunda de ellas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de su deber de impedir cualquier actuación que ya haya sido suspendida o anulada por este tribunal.

Las providencias del Constitucional se notificaron al presidente del Parlament, Roger Torrent; al secretario de la Mesa de la cámara, Xavier Muro; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros. Asimismo, a Torra y al resto de su Govern, según figuraba en las providencias.

A todos ellos "se les advertía de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Con la admisión a trámite de estos incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, el TC vuelve a hacer un requerimiento expreso, por tercera vez, al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de miembros de la Cámara de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir al ignorar las resoluciones dictadas por el propio Tribunal Constitucional.

El TC también ordena al Parlament que en un plazo de tres días remita las actas de la sesión de la Mesa de 22 y 29 de octubre así como los informes y documentos relativos a los citados acuerdos y la resolución sobre la solicitud de reconsideración formulada por varios grupos parlamentarios. Una vez se reciban estos documentos solicitados, se dará traslado a Fiscalía y al Parlamento de Cataluña para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

El Abogado del Estado amparó la presentación del incidente de nulidad en una sentencia del propio TC que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de una resolución de la cámara autonómica de 2015 que expresaba la voluntad de avanzar hacia la independencia.

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