Los independentistas retan al Constitucional y pactan una nueva resolución sobre la autodeterminación
- Torrent la admite a trámite pese a que los letrados del Parlament advierten de que puede ser impugnada por el TC
- La resolución defiende también la reprobación de la Monarquía y la libertad de los políticos presos
La Mesa del Parlament catalán ha aprobado admitir a trámite este martes una nueva propuesta de resolución pactada por JxCat, ERC que rechaza la sentencia del Tribunal Supremo sobre el "procés", exige la libertad de los líderes independentistas presos y hace una alusión a la autodeterminación, redactado en unos términos que buscan evitar su impugnación.
Lo ha hecho pese a que los letrados del Parlament han advertido contra esta propuesta de resolución tras las advertencias del Tribunal Constitucional. Tendrá que votarse en un pleno en las próximas semanas, previsiblemente después de las elecciones del 10N.
Los tres grupos independentistas en la cámara catalana han acordado un texto conjunto que incluye un total de 15 puntos, en respuesta a las condenas dictadas la semana pasada por el Supremo contra los líderes del "procés".
Después de las advertencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el riesgo penal de incurrir en un delito de desobediencia si no se acata la suspensión de los acuerdos del Parlament sobre el derecho a la autodeterminación y la legitimidad de la desobediencia civil, los partidos independentistas han buscado una fórmula matizada para referirse en su texto a la cuestión de la autodeterminación.
“Torra: "Nadie nos prohibirá seguir avanzando, estaremos al lado del derecho de autodeterminación"“
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha negado en una rueda de prensa desde el Palau a obedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional sobre no insistir en reivindicar la autodeterminación en el Parlament. "Nadie nos prohibirá nunca que este país siga avanzando en la línea de lo que quiera la ciudadanía", ha dicho este lunes, insistiendo en que el Govern "siempre estará al lado del derecho de autodeterminación".
El presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha defendido la desobediencia. "Mientras yo sea presidente del Parlament no permitiré que se limite o coarte la libertad de expresión de los diputados y diputadas de esta cámara", ha afirmado, asegurando que es "impropio de un país democrático perseguir judicialmente a un presidente de un Parlamento por permitir el debate".
“Torrent: "Si hay consecuencias, las asumiremos"“
"Si hay consecuencias, desde el punto de vista judicial y personal, a los miembros de la Mesa del Parlament y en particular a su presidente, las asumiremos. Asumiremos todas las consecuencias de lo que comporta defender que aquí se pueda hablar de todo" porque "la lucha vale la pena", ha zanjado, afirmando que, de lo contrario, se abriría la puerta a la "censura".
La diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido al Gobierno en funciones recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva resolución y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha insistido en pedir a Pedro Sánchez que cese a Torra.
Fuentes de Moncloa exponen, sin embargo, que "el Gobierno actúa cuando hay decisiones tomadas por el pleno, no sobre anuncios, propuestas o declaraciones de intenciones", por lo que no se prevén medidas hasta que no se apruebe la resolución en el Parlament.
El contenido de la resolución
El Parlament, señala la propuesta de JxCat, ERC y la CUP, "recuerda" que la propia cámara catalana "ha aprobado decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación desde el año 1989 sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado. Y se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas".
La propuesta "rechaza la sentencia dictada por el Tribunal Supremo" -con unas condenas que JxCat, ERC y la CUP circunscriben a la "deriva autoritaria del Estado"- y "exige la libertad de los presos y las presas políticas, el libre retorno de los exiliados y el fin de la represión".
Se hace mención especial al caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, al considerar "un escándalo democrático" su condena a once años y medio de prisión "por haber permitido" que en la cámara catalana "se pudiese hablar de todo".
Sin llegar a hacer mención a los disturbios de la semana pasada, el texto subraya el "carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista" y alerta de que la sentencia sienta un precedente "inaceptable, a partir del cual todas las formas de protesta, como por ejemplo" intentar parar un desahucio, ocupar un centro de atención primaria o cortar una calle por una manifestación "podrían convertirse en delito de sedición".
Denuncian la "censura" del Tribunal Constitucional
Las tres fuerzas independentistas acusan al Estado de buscar la "criminalización generalizada de la disidencia política", advierten de que "el conflicto entre Cataluña y el Estado es de naturaleza política y, por lo tanto, no se resolverá mediante los tribunales" y denuncian la "censura que el TC pretende imponer" al Parlament. Argumentan en este sentido que "las competencias autonómicas no pueden definir los límites de lo que se puede hablar en el Parlament".
Además, constatan que otros parlamentos autonómicos "se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que esto sea objeto de impugnación alguna por parte del Gobierno español".
De hecho, defienden "el derecho de estos parlamentos a seguir haciéndolo, porque la defensa del derecho a la representación política y a la libertad de expresión tiene valor sobre todo cuando se hace para los que no piensan como nosotros".
Finalmente, la propuesta de resolución, firmada por los diputados Eduard Pujol (JxCat), Anna Caula (ERC) y Carles Riera (CUP), insta al Govern a "promover las iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias en el ámbito nacional, estatal e internacional, para conseguir una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y el Estado".
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