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Juicio 'procés'

La defensa de Cuixart enmarca las protestas en el derecho de reunión y la de Forcadell rechaza incluso la desobediencia

  • La abogada del líder de Òmnium defiende que los "incidentes puntuales" no pueden ser ni rebelión ni sedición
  • La letrada de la expresidenta del Parlament carga contra la Fiscalía por "intentar exagerar su actuación"

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La abogada de Cuixart niega la rebelión y la sedición porque solo se produjeron "incidentes puntuales"

Última sesión del juicio del 'procés' y turno para que los abogados que quedan -entre ellos los del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell- puedan exponer sus informes finales antes de que los acusado ejerzan su derecho a la última palabra y quede visto para sentencia. La defensa de Cuixart centra su estrategia en enmarcar las protestas independentistas en el derecho de reunión pacífica y en negar la rebelión porque los hechos violentos de los que habla la Fiscalía fueron "aislados", mientras que la de Forcadell acusa al Ministerio Público de "exagerar" y apela a la "inviolabilidad parlamentaria" para negar, incluso, la desobediencia. Un delito -penado solo con inhabilitación y multa, no con cárcel- que otras defensas, como la del exvicepresidente Oriol Junqueras y la del exconseller de Interior Joaquim Forn admitieron este martes en sus informes como mal menor.

La abogada que defiende al presidente de Òmnium Cultural, Marina Roig, ha negado que en Cataluña se viviera un "periodo insurreccional" en otoño de 2017, como sostiene la Fiscalía, y ha enmarcado las protestas independentistas que se produjeron en esas fechas en el "ejercicio legítimo del derecho de reunión". Siguiendo esta línea argumental, ha asegurado que los "incidentes puntuales" que se produjeron tanto el 20-S como el día del referéndum del 1-O ni son imputables a Cuixart ni suponen la violencia necesaria que exige la delito de rebelión.

Estos "incidentes puntuales" -entre ellos, los daños a los vehículos de la Guardia Civil en la concentración frente a la Consellería de Economía o las patadas que dieron a los agentes "cinco individuos aisladamente" el día de la consulta- "ni eliminan el carácter pacífico de las protestas ni la protección que merecen. No pueden integrar ni de lejos el elemento de violencia idónea para hacer doblegar al Estado que requiere el delito de rebelión. No son un un intento de impedir las resoluciones judiciales del delito de sedición. No pueden calificarse de alzamiento", ha expuesto la letrada Marina Roig en su informe final pidiendo una sentencia absolutoria.

De esta manera, la abogada, que ha calificado de "arbitraria" la detención de su cliente, ha planteado su intervención final del como una defensa de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución frente a las acusaciones, a las que ha criticado por criminalizar" las manifestaciones independentistas. "La acusación no puede arrogarse ni la interpretación de la Constitución ni su defensa. La criminalización de la movilización colectiva no puede entenderse como defensa de la democracia", ha señalado añadiendo que "la apelación a la protección de la unidad de España no puede enturbiar ningún derecho fundamental".

Los incidentes no pueden atribuirse a los convocantes

La abogada de Cuixart ha defendido que las manifestaciones son un "mecanismo legítimo de la democracia", pero ha criticado que "algunos poderes del Estado las abordan como si fueran una amenaza que hay que controlar y desalentar". La letrada Mariana Roig ha defendido que el derecho de reunión está protegido como derecho fundamental aunque en un protesta tengan lugar "incidentes esporádicos o aislados de violencia" y ha argumentado que los convocantes "no deben ser considerados los responsables de los comportamientos ilícitos de otras personas".

La defensa del presidente de Òmnium ha reconocido que su cliente fue el convocante de la protesta frente a la Consellería de Economía el 20S y que apoyó la iniciativa de Escoles Obertes, pero ha insistido reiteradamente en que sus llamamientos siempre fueron para que las manifestaciones fuera "absolutamente pacíficas" y ha considerado "irrelevante" que para desconvocar la protesta ante Economía se subiera a los coches dañados de la Guardia Civil refiriéndose a ellos como "altar majestuoso".

Roig ha acusado a la Guardia Civil de transformar las "muestras de desafección" que se recogieron en el primer atestado en "agresiones" y finalmente en un "periodo insurreccional" para "servir en bandeja" a la Fiscalía una "descripción más acorde" con el delito de rebelión que no se sostiene, ha añadido, en los vídeos que se han mostrado como prueba documental en el juicio.

La abogada de Forcadell apela a la inviolabilidad parlamentaria

La segunda en intervenir ha sido la abogada Olga Arderiu, que defiende a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. La letrada ha arrancado su exposición asegurando que no entiende por qué su clienta está siendo juzgada por rebelión en el Supremo enfrentándose a una petición de 17 años de cárcel mientras que el resto de miembros de la Mesa de la Cámara autonómica, están procesados por desobediencia -un delito que no implica cárcel solo inhabilitación y multa- en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por estes motivo, su defensa cree que está siendo juzgada por ser quién es. "Se está juzgando a los acusados por su ideología", ha señalado aludiendo al "derecho penal de autor".

La abogada de Forcadell asegura que las acusaciones han intentado "exagerar su actuación"

Arderiu ha criticado que las acusaciones hayan "intentado exagerar" la actuación de Forcadell, que "ha aparecido en lugares donde no ha estado, ha hablado en lugares donde no ha hablado, se han inventado tuits y manifestaciones que no ha efectuado y se han mutilado intervenciones que sí ha efectuado". "En el peor de los casos podemos ver si la actuación se incardina en el delito de desobediencia" -ha añadido- aunque ha negado que así sea porque ha defendido que las decisiones de la Mesa "están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria".

La abogada de Forcadell ha defendido que esta última actuó siempre de conformidad con el reglamento permitiendo el debate y ha señalado que la inviolabilidad parlamentaria  "no es una excusa para cometer delitos, es garantía de preservación del ámbito parlamentario" frente a otros poderes del Estado. La letrada ha insistido también en que la llamada DUI -la declaración unilateral de independencia- no tuvo ningún valor y que su defendida acató "absolutamente" el artículo 155 de la Constitución.

La defensa de Bassa reduce los hechos a un "pulso político"

En la misma línea ha intervenido el letrado Mariano Bergés, que defiende a la exconsellera de Trabajo, Dolors Bassa, al restar valor a la declaración unilateral de independencia y al insistir en que el referéndum del 1-O no era un "acto concluyente" sino un "pulso político" para forzar al Estado a negociar una consulta de autodeterminación. "La DUI no formaba parte del plan inicial, sí la independencia pactada", ha señalado.

Bergés ha negado también las acusaciones de rebelión y sedición que sostiene, respectivamente, la Fiscalía y la Abogacía. "No hubo rebelión porque no hubo violencia. La violencia típica de la rebelión debe estar presente en el diseño de la operación y no puede ser sobrevenida", ha argumentado este letrado que habla, como otras defensas, de incidentes "puntuales" que, en su opinión, no eran previsibles. "Lo que la Fiscalía define como violencia no es más que la presión legítima que forma parte del núcleo duro de los derechos fundamentales de reunión y manifestación", ha subrayado.

El abogado de la exconsellera Bassa niega la rebelión porque no fue necesario decretar el estado de sitio

Tampoco fue una violencia suficiente, ha argumentado, para lograr los fines que persigue una rebelión -en este caso que se juzga presuntamente derogar la Constitución y declarar la independencia- ya que una "patada en la cabeza" o un "sillazo" no suponen una presión que obliguen al Estado a "claudicar". En este sentido, ha insistido en que al supuesto periodo insurreccional "se le puso fin con la aplicación del artículo 155", lo que demuestra a su parecer que "el orden constitucional no corrió grave peligro". De lo contrario, ha argumentado, se tendría que haber decretado el estado de sitio.

La abogada de Borràs niega la malversación

La abogada de la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, Judit Gené, ha defendido que su clienta no pudo cometer malversación porque no autorizó ni uno solo de los gastos relacionados y ha criticado que la Fiscalía necesite inventarse una "malversación postmoderna" para justificar una "rebelión postmoderna" -en palabras del abogado Javier Melero- "sin alzamiento y sin alzados".

Esta defensa ha criticado que la Fiscalía la considere autora de malversación y pida 7 años de prisión para ella basándose en el acuerdo "político" que firmaron todos los consellers el 6 de septiembre de 2017 para asumir de forma solidaria los gastos vinculados al referéndum, pero que no llegó a ejecutarse nunca ya que la consulta fue suspendida al día siguiente por el Tribunal Constitucional, según la letrada. 

La abogada de la exconsellera Borràs carga contra la Fiscalía por inventarse la "malversación postmoderna"

Gené ha argumentado, además, que su defendida no hizo ningún llamamiento a participar en el referéndum, ni aparece en la agenda Moleskine ni ninguno de los sus "10.000 correos electrónicos" que investigó la Guardia Civil pueden vincularse a los hechos que se están juzgando. La letrada ha cargado por último contra la acusación popular, ejercida por Vox, a quien ha acusado de ejercer la acción penal de "manera abusiva" al retirar la acusación por malversación contra el exconseller Santi Vila y no contra su defendida.

El último en intervenir ha sido el abogado de Vila, Juan Segarra, que ha asegurado que la acusación "yerra al sostener que desde 2015 todos los acusados caminaban conjuntamente con unidad de acción y propósito" y ha recordado que su cliente rehusó formar parte de la coalicion Junts pel Sí en las elecciones de aquel año y que antes de la DUI dimitió "frustrado" por no haber conseguido una solución dialogada. También ha negado el delito de malversación argumentando que el acuerdo del 6 de septiembre no operaba con carácter retroactivo y que desde su departamento, el de Empleo, no autorizó ningún gasto para el referéndum. 

El abogado de Santi Vila: "Es contrario a la vía unilateral"

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