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El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra el reconocimiento de Aragón como "nacionalidad histórica"

  • El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra una parte de la Ley de Derechos Históricos de Aragón de junio
  • En octubre de 2018 el PP recurrió la norma regional al entender que atenta contra la Constitución y el Estatuto

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Fotografía de archivo del Tribunal Constitucional, en Madrid
Fotografía de archivo del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó el Gobierno el pasado 8 de febrero contra 23 artículos de la Ley de Derechos Históricos de Aragón -entre ellos el que señala que Aragón es una "nacionalidad histórica"- y ha suspendido la vigencia de uno de ellos.

Según fuentes del Tribunal, la providencia solo suspende la vigencia del artículo 7.1 C de la ley, que establece que -a efectos de esa ley- "gozan de la condición política de aragoneses los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley".

Uno de los artículos impugnados, el primero, además de hacer referencia a que Aragón es una "nacionalidad histórica de naturaleza foral", señala que la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España "no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos".

El Gobierno presentó su recurso contra esta ley el pasado 8 de febrero tras no alcanzar un acuerdo con el ejecutivo aragonés para que modificase el texto sobre el que se venía trabajando en comisión bilateral.

Recurso del Gobierno y del PP a la norma aragonesa

Para el Gobierno de Sánchez, la ley aragonesa "incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad" que vulneran por ejemplo la Disposición adicional primera de la Constitución, donde ya se recoge que la Carta Magna ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

A esto, el Ejecutivo suma que vulnera "los principios de soberanía nacional y constitucional y del derecho a la autonomía, y que supone una "infracción de las competencias estatales en los ámbitos específicos de patrimonio, hacienda y justicia".

Se da la circunstancia de que esta ley fue aprobada en el Parlamento de Aragón con el voto favorable del PSOE, que gobierna en la región, Podemos, el Partido Aragonés (PAR) e Izquierda Unida (IU), según recoge Europa Press. Partido Popular (PP) y Ciudadanos se mostraron en contra.

Precisamente, el PP también presentó ante el mismo tribunal, pero en octubre de 2018, un recurso al entender que atenta contra la Constitución y el Estatuto, algo de lo que alertaron los letrados del Parlamento autonómico en su momento. Para los populares, hay al menos 24 artículos que no encajan en el marco constitucional y que pueden derivar en invasiones competenciales, señala Efe.

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