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El Supremo confirma el procesamiento por rebelión de Puigdemont y Junqueras

  • El Alto Tribunal considera que existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder
  • En el procesamiento por rebelión incluye a otros 11 cargos relacionados con el 'procés' 

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El Tribunal Supremo confirma el procesamiento por rebelión de Puigdemont y Junqueras

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebelión de 13 de los 28 investigados en la causa sobre el 'procés' de Cataluña, entre ellos el expresident catalán Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, al considerar que "cabe una rebelión sin armas", lo que podría suponer, si así lo decide el juez instructor, su suspensión como cargos públicos y la de otros cinco diputados que están en la cárcel o sobre los que se ha dictado auto de prisión.

La Sala de lo Penal ha desestimado [ver el auto en pdf] los recursos de apelación planteados por los procesados y por VOX en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña contra el auto de procesamiento dictado por el juez Pablo Llarena el pasado 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia.

El alto tribunal considera "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebelión porque existió "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley.

Además de Puigdemont y Junqueras, el tribunal confirma el procesamiento por rebelión de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Carmen Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Joaquim Forn, todos ellos en prisión, de los exconsellers huidos Antoni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí y de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, fugada a Suiza.

"Cabe una rebelión sin armas"

El Supremo enmarca los hechos sucedidos el 1-O en un delito de rebelión porque, aunque reconoce que el término "evoca pronunciamientos militares, ejecutados ordinariamente con armas", el Código Penal no exige que se empleen, con lo que "aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas".

En el auto, la Sala de lo Penal del Supremo recuerda que la rebelión, descrita en la ley como un "alzamiento público y violento", no exige del empleo de armas. Para argumentar este aspecto, asegura que el Código Penal contempla como un elemento para agravar la pena "el mero hecho de que los autores hayan llegado a esgrimirlas, sin que sea preciso, pues, que las hayan utilizado".

"Así pues, aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas", concluye la sala que además ve "indicios suficientes de que existieron actos de violencia". En concreto sitúa estos "indicios" en los días 20 de septiembre "en cuanto que impedirían la incautación de las urnas y de otro material electoral" y en el 1 de octubre de 2016, en cuanto que impedían la "acción policial" dirigida a "evitar la celebración de la votación".

Para todos los exmiembros del Govern, tanto los huidos como los que se encuentran en prisión, también el exconseller Santiago Vila, confirma además el procesamiento por un delito de malversación de caudales públicos y establece que deberán prestar "solidariamente" la "nueva cuantía de la fianza", fijada en 2.135.948 euros, por las "responsabilidades que pudieran derivarse del proceso".

En cuanto a la desobediencia, el Supremo confirma el procesamiento por este delito a los exconsellers Meritxell Serret, Santiago Vila, Merixell Borrás y Carles Mundó, a las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel (fugada a Suiza) y Mireia Boya, al exconseller de Cultura Lluís Puig, huido a Bélgica, y a los exmiembros de la Mesa del Parlament Joan Josep Nuet (ERC), Ramona Barrufet (Junts pel Sí), Anna Isabel Simó, Lluís María Corominas (Junts pel Sí) y Lluís Guinó.

Posible suspensión como cargos públicos

El procesamiento por rebelión puede suponer que se abra paso a la posible suspensión como cargos públicos de los siete diputados que están en la cárcel, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, y de otros dos huidos, Carles Puigdemont y Antoni Comín, sobre los que pesa orden de ingreso en prisión, como establece la ley.

Si el juez que instruye la causa en el Supremo, Pablo Llarena, decide su procesamiento firme por rebelión serán suspendidos de sus cargos como representantes en la cámara autonómica, aunque no tendrán que dejar el escaño.

Así lo establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que cuando se dicte un auto de procesamiento firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado "con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes", aquel procesado que ostente un cargo público quedará "automáticamente suspendido" en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.

El fiscal ante el Supremo (TS) defendió el pasado 18 de junio que se se mantuviera el procesamiento por rebelión para el considerado "núcleo duro del procès", encabezado por el expresident catalán Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras, además de otros inculpados.

El presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha calificado como "injusta" e "inconcebible" la decisión del Tribunal Supremo que confirma el procesamiento por rebelión de varios líderes independentistas y ha advertido que "la represión no hará cambiar" sus "convicciones". Sabrià, ha considerado que es "una decisión injusta que se basa en una consideración de unos hechos" que "no ocurrieron", y que además, "tergiversa unas situaciones" que "todos" saben que no son "ningún delito".

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