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Foto de archivo del exconseller Rafael Blasco declarando como testigo en un juicio de Gürtel
Foto de archivo del exconseller Rafael Blasco declarando como testigo en un juicio de Gürtel EFE / Kai Försterling
'Caso cooperación'

El exconseller valenciano Blasco volverá al banquillo por el presunto desvío de fondos para un hospital en Haití

  • El juzgado decreta apertura de juicio oral para él y otros 23 personas procesadas

  • Serán juzgadas también por presuntas irregularidades en subvenciones a ONG

  • La Fiscalía pide para el exconseller 'popular' una pena de 16 años de prisión

  • Blasco cumple actualmente 6,5 años de cárcel por otra condena por el mismo caso

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El exconseller valenciano Rafael Blasco volverá a sentarse en el banquillo por el caso Cooperación. El juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el expolítico 'popular' y otras 23 personas por supuestas irregularidades en subvenciones a ONG y presunto desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo, en el marco de las piezas 2 y 3 del caso, unidas el pasado mes de mayo.

Blasco, que fue conseller de Solidaridad y Ciudadanía con Francisco Camps al frente de la Generalitat, cumple actualmente seis años y medio de prisión por la pieza 1 por fraude en ayudas para proyectos en Nicaragua por comprar inmuebles con fondos públicos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana le condenó a ocho años en 2014 pero luego el Supremo rebajó la pena un año después.

Ahora en un escrito de 67 páginas hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), se procesa a la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares, la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como al empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat, informa Efe.

Blasco se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta 21,5 años

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

En su escrito de calificación, la Fiscalía solicitó 16 años de cárcel para Blasco y 21 años y 6 meses para el empresario Augusto César Tauroni. La Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación particular, solicita para Blasco una condena de 17 años y 6 meses de cárcel.

A Blasco se le atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita o alternativamente organización criminal, según recoge Europa Press.

Las dos piezas ahora unificadas se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo por parte de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat valenciana.

Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal.

Además de las penas de prisión, el fiscal pide el decomiso de dos apartamentos y un yate de los que Augusto Tauroni compró en Miami (Estados Unidos).

Más de 5 millones de daño patrimonial

Por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por "daño moral" pues, según recoge el escrito del fiscal, "la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales".

En esta causa se procesa también a varios trabajadores de las empresas de Tauroni, y a personas vinculadas a las mercantiles que supuestamente emitieron facturas falsas y amañaron los sistemas de evaluación y puntuación de los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

Por diferentes responsabilidades, se procesa a las mercantiles Fundación Hemisferio, Avance Abogados, Apima, Dinamize, Fudersa, Esperanza sin Fronteras, Gestiones e Iniciativas Arcmed, Inversiones y Estudios Caaz, Expande, Chust Alzira, Beconsa, APB Arquitectura, Matuscas, Macons, Cafcas, Conscas, Gestion Solar Pobla, Monribar Caf, New Castle Consulting Corporation, Indra Holding and Investment Corporation, Worldwide Trinning Corporation, International Human Resources, Quinto Centenario, Desarrollos del Ecuador y Worldwide Human Resources. Sobre algunas de estas firmas pesa la acusación de blanqueo de capitales.

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