El Congreso tramita la ley de emergencia social de Podemos, aunque decaerá si hay elecciones

• Es la ley "estrella" de la formación morada, pero podría quedar en el limbo
• Prohíbe los desahucios sin alternativa y garantiza gas y luz a familias pobres
• El PSOE afea a Podemos que no salga adelante por no querer pactar con ellos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, junto al portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón.

El Congreso ha aprobado este martes tramitar la iniciativa "estrella" de Podemos, la "Ley 25 de emergencia social que prohíbe los desahucios sin alternativa de vivienda, condona deudas hipotecarias o garantiza el gas y la electricidad a familias sin recursos; aunque la norma decaerá si hay nuevas elecciones.

El pleno del Congreso ha apoyado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto los del PP, y con la abstención de Ciudadanos, Democràcia i Llibertat y PNV (167 votos a favor, 114 en contra y 52 abstenciones, iniciar la tramitación de la proposición de Ley que ha presentado Podemos y que debería ser enmendada en comisión.

Sin embargo, este proceso parlamentario haría que la Ley decayera en el caso de que se convoquen elecciones generales, ya que las Cortes se disolverían y no daría tiempo a finalizar esta tramitación.

La Ley 25 de Podemos, llamada así porque quiere lograr el "cumplimento efectivo" del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, persigue universalizar la sanidad, la vivienda y garantizar el suministro energético para familias y colectivos vulnerables, como mujeres víctimas de violencia machista, menores o discapacitados.

En concreto, la propuesta establece la prohibición de desalojos de vivienda cuando no exista alternativa habitacional, así como pide que en el plazo de tres meses los "grandes tenedores de vivienda" (entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o fondos de inversión) pongan a disposición del "interés general" un registro de viviendas vacías para las familias que pueden ser desahuciadas.

La propuesta de Podemos pasa también por eliminar los copagos farmacéuticos, recuperar el derecho a la atención sanitaria de los emigrantes y de los inmigrantes, o garantizar una vivienda a las víctimas de violencia de género. Según su memoria económica, tendría un "coste cero".

En este sentido, ERC, aunque a favor de la propuesta, ha criticado que el texto sea una "chapuza" al no cuantificar el coste ni aclarar quién lo pagará ni respetar, a su juicio, las competencias autonómicas. El PSOE, el PP y Ciudadanos, a pesar de su diferente voto, también han abundado en las críticas a los defectos jurídicos y económicos del texto presentado por Podemos.

PP y Ciudadanos califican la iniciativa de "irreal"

El PP ha manifestado su rechazo a esta iniciativa, que considera "irreal", un adjetivo que también ha utilizado Ciudadanos que, sin embargo, optará por la abstención y, a la postre, hace posible con sus votos que se tome en consideración este texto.

Los 'populares' critican lo que constituye a su juicio "un programa electoral" y una "nueva performance" de la formación morada, cuyo "único hilo conductor es la llamada emergencia social" que Podemos se compromete a arreglar "en media hora" con sus "tics mesiánicos". El partido naranja ha advertido de que "plantear soluciones inviables y demagógicas podría acabar creando frustración" entre quienes sufren estos problemas, citando el precedente de Syriza en Grecia, incapaz de "cuadrar las cuentas" de sus promesas "irreales".

El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, Rafael Mayoral, ha criticado con vehemencia que España sea el segundo país de Europa en pobreza y "viole de forma sistemática los derechos humanos en materia de vivienda", mientras la diputada del PSOE Isabel Rodríguez ha lamentado que la norma "no sea ley porque no Podemos no va a apoyar al gobierno que la puede llevar a cabo".

Los diputados de Podemos muestran unos libros con la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. EFE

Rodríguez ha coincidido en el diagnóstico de la iniciativa, aunque ha afirmado que tiene errores de "forma y de fondo" como la ausencia de un coste económico o de un ingreso mínimo vital o medidas para crear empleo.

Mayoral ha recordado que la pobreza y la desigualdad no son males divinos que no se pueden evitar y ha reclamado llevar a cabo las reformas legales necesarias para "convertir en una realidad efectiva para el pueblo español" los derechos económicos y sociales recogidos en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que los diputados de Podemos han blandido puestos en pie, ganándose una advertencia del presidente del Congreso, Patxi López.

Por el PNV, Mikel Legarda criticó la "invasión" de competencias autonómicas de la norma, al tiempo que reclamó mayor "autogobierno". En esta misma línea se pronunció Democràcia y Llibertat, ya que la diputada Miriam Nogueiras señaló que se está "prohibiendo que Cataluña se ayude a sí misma".

Rifirrafe PSOE-Podemos, que llama "caradura" a la portavoz socialista

El debate sobre esta ley ha avivado los reproches mutuos entre el PSOE y Podemos a cuenta del fracaso de las negociaciones para la investidura. La portavoz adjunta del PSOE ha recriminado a Mayoral que acuda al Congreso "gritando y sacando pancartas". "No hace falta, basta con traer buenas iniciativas, trabajarlas y buscar el apoyo de la mayoría. Y para que esta propuesta pudiera ser una realidad haría falta un gobierno que no sea el del PP", ha añadido Isabel Rodríguez.

En este sentido, ha apuntado que si Podemos no se aviene a negociar no dará tiempo ni de presentar enmiendas a la iniciativa porque decaerá cuando se disuelvan las Cortes, y ha responsabilizado a la formación morada de que se repitan las elecciones, palabras ante las que Pablo Iglesias ha respondido acusando a la socialista de "caradura" y dándose unas palmadas en la cara, según han captado las cámaras del Congreso.

Por otra parte, Rodríguez ha recordado a los diputados de Podemos que "esto ya no va de titulares ni de tertulianos de televisión" y que este texto "deja mucho que desear". Lo más grave, que sólo se pongan "parches" a las consecuencias y no se haga frente a las causas de la situación, pero también imprecisiones sobre los beneficiarios o sobre quién pagará las medidas.