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Garzón defiende la necesidad de un proceso constituyente debatido por los ciudadanos

  • El candidato de Unidad Popular cree que es momento de "repensar el país"
  • Asegura que ese debería caminar hacia un modelo republicano

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El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón
El candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, en un desayuno informativo organizado en Madrid Nueva Economía Fórum.

El candidato de Izquierda Unida y Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, insistió este lunes en el Fórum Europa en la necesidad de acometer un proceso constituyente en España para construir un "nuevo país" abriendo el debate al conjunto de los ciudadanos y centrado en la defensa de las clases populares.

Durante su intervención en el citado encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, alertó de la necesidad de combatir el avance de un modelo social en el que es compatible la bonanza macroeconómica con el "drama" microeconómico, crecer a un 3% mientras 770.000 familias no tienen ningún ingreso. Esa circunstancia, dijo, "no es azarosa" sino fruto de unas determinadas opciones políticas.

En su opinión, después de años de "precariedad permanente, privatizaciones, externalizaciones" y de recortes en derechos sociales conquistados a lo largo de décadas, es necesario aprovechar la "oportunidad" que la crisis supone para "repensar el país" mediante un debate "calmado y muy transparente".

Cree que el problema es "estructural" y no se puede atajar con reformas parciales, y considera imprescindible partir de una "valoración crítica de la transición" para asumir que las estructuras de poder siguen siendo "las mismas" porque no se rompió con la dictadura sino que se superó mediante una "negociación".

Ese es uno de los motivos, dijo, por los que aún está pendiente el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo y por los que se sigue honrando a un dictador y a miembros de su régimen responsables de muertes, torturas y graves violaciones de los derechos humanos, algo "impensable" en otros países cercanos que rompieron con sus sistemas autoritarios.

Garzón se mostró convencido de que los españoles tienen "madurez suficiente como para poder pensar sobre su futuro sin la tutela de las élites políticas ni económicas" y que son ellos quienes tienen que protagonizar ese proceso constituyente, no "las cúpulas de determinados partidos", siempre desde el consenso "sin imposiciones ni golpes encima de la mesa".

Modelo republicano

Ese proceso serviría, según su tesis, también para superar una "confrontación entre identidades nacionales no resueltas" y que explican el auge del soberanismo en Cataluña. Hay que evitar, dijo, el "callejón sin salida" al que se dirigen determinadas "oligarquías" que aparecen confrontadas pero que en realidad comparten intereses y buscan enfrentar entre sí a clases populares que están desarticuladas.

Ese proceso constituyente caminaría hacia un modelo republicano "en la forma y en el fondo" para acabar con una institución, la monarquía, "anacrónica" que ha sido además "corresponsable" de la corrupción estructural que padece España y que se ha alimentado de una "ley social del silencio" promovida por el "mito de la transición". Hay que hacer realidad el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sentenció, sin excepciones ni privilegios.

El republicanismo, explicó, no es solo abolir la monarquía, sino emprender un cambio en la cultura política del país para que los asuntos que incumben a todos sean debatidos entre todos. Además, su modelo es "feminista" y apuesta por incluir en la Constitución una cláusula de igualdad para superar el modelo patriarcal en el que se basan distintos tipos de violencia contra las mujeres, no solo la física.

Blindar "garantías sociales"

Garzón apuesta también por "blindar garantías sociales" en la Constitución,  derogando el artículo 53 de la Constitución que establece una jerarquía entre derechos y señalando al Estado como garantía de prestaciones básicas para desarrollar un proyecto vital autónomo y como "empleador de último recurso" más allá del mercado. Ese modelo impediría además privatizaciones que no solo suponen un "saqueo" de fondos públicos sino que además "cambia la concepción democrática de nuestro país" al convertir a los ciudadanos en "clientes, consumidores".

Apuesta, por ejemplo, por impedir que fondos públicos financien la escuela que no lo es, y por garantizar el sistema de pensiones y otras prestaciones con una reforma fiscal "profunda" que combata el fraude y la evasión. Cree una "ocurrencia" crear un impuesto específico para sufragar las pensiones, aunque no descarta que se pueda contribuir desde el conjunto de la recaudación si existe un problema de financiación.

Garzón dijo en un momento de su discurso que se siente "alumno" del 15-M, cuyas demandas "siguen estando ahí porque no han sido satisfechas", y se mostró partidario de reforzar los mecanismos de participación ciudadana, no solo consagrando las primarias como elemento democrático no únicamente "estético" sino también garantizando los procedimientos para revocar cargos públicos y también orgánicos.

Cuestiona también el actual modelo de Unión Europea por entender que ha convertido a los países periféricos del sur en "mano de obra barata" para el resto, y la inserción de la economía española en el engranaje internacional, basado en sectores de escaso valor añadido, lo cual ha fomentado que el único potenciador de la productividad sea la reducción salarial.

Frente a todo ello apuesta por la política "en su versión más noble", diciendo la verdad a los ciudadanos, hablando con ellos directamente y desde la humildad, proponiendo medidas concretas que se puedan debatir y contrastar y combatiendo un modelo basado en "espectáculo" donde muchos políticos se camuflan en "maquillaje" estético y dialéctico. Los barrios populares tienen que votar "masivamente", dijo, porque ahí está la esperanza del "cambio radical" que, en su opinión, necesita España.

La intervención de Garzón fue presentada por Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, que puso en valor la formación y la experiencia del candidato como economista y su defensa de los principios en los que cree frente a un "realismo político" que ha contribuido al descrédito de las instituciones.