La Audiencia Nacional envía a juicio al exdirector de la CAM y otro alto cargo de la entidad

• Los exdirectivos de la CAM son Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés
• Acusados de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario
• Les impone una fianza de responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones

La Audiencia Nacional envía a juicio al exdirector de la CAM y otro alto cargo de la entidad

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral al ex director general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo Juan Ramón Avilés, a los que ha impuesto una fianza civil de 1,9 y 6,6 millones de euros, respectivamente, por irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de 17 millones en préstamos a este último.

En un auto, el juez Javier Gómez Bermúdez acusa a los dos de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, pero añade para Avilés, que fue director de la Comisión de Control de la caja alicantina, el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero, tal y como señalaba la Fiscalía. Los dos están acusados de fomentar  el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos  irregulares.

Asimismo, Gómez Bermúdez da un plazo de 24 horas a los acusados  para abonar estas fianzas civiles que, en el caso de López Abad, deberá pagar  de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de  Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad  participada por la CAM, que cobraron de forma presuntamente irregular  dietas de entre 9.566 y los 308.000 euros que se embolsó el propio  Avilés en lugar de los 15.000 que le correspondían.

Gómez  Bermúdez considera a todos ellos partícipes a título lucrativo de los  hechos, por lo que deberán devolver las dietas que cobraron como  miembros de la Comisión de Control de TI más el tercio de esa cantidad  que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que las cifras a  pagar oscilan entre los 12.000 y los 386.600.

También  considera partícipes a título lucrativo a la mujer de Avilés, Inmaculada  Alcaraz, su hermana, Josefa, y su hijo Ginés, si bien archiva la acción  penal respecto a ellos tres. De no pagar ese dinero, el magistrado  subraya que se procederá al embargo de "bienes suficientes para cubrir  dicha suma" en el caso de que no acrediten antes su insolvencia.

Petición de penas para los dos acusados

López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por la CAM a través del FROB y de 14 por parte de la Plataforma de Afectados. Para Avilés, por su parte, la Fiscalía ha solicitado dos años y medio de prisión; el FROB, diez de cárcel; y 16 años y medio la Plataforma de Afectados, de acuerdo con los escritos de  acusación provisionales.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido también que Avilés, López Abad y 18 antiguos  miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de  Inversiones, participada por la CAM,  indemnicen con 1.494.030 euros al  Banco Sabadell, actual propietario de la entidad alicantina -al que se le adjudicó en subasta por un euro- tras ser intervenida por el Banco de España.

La CAM, por su parte, representada por el abogado designado por el FROB Carlos Gómez-Jara, considera que, además de la pena de cárcel, Avilés debe pagar una indemnización de 4,9 millones de euros por el "quebranto" derivado de los préstamos que le concedió la entidad. Sin embargo, opina que esta cantidad debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

De todos ellos, solo López Abad ya sabe lo que es dormir en prisión, donde ingresó bajo fianza de 2,5 millones -que abonó en apenas seis días- por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe a través de la sociedad Valfensal.

Se trata del segundo juicio que abre la Audiencia Nacional a los gestores de las antiguas cajas tras el de los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 19 de mayo donde se enfrentarán a penas de entre tres y tres años y medio de cárcel que reclama para ellos Anticorrupción.