Las defensas del doctor peruano Carlos Morín y sus 11 colaboradores  acusados por ejecutar más de un centenar de abortos ilegales en sus clínicas privadas de Barcelona, han pedido la nulidad del juicio por estar "viciado y podrido desde el inicio" en la primera sesión de la vista oral en la Audiencia de Barcelona.

Durante la sesión, dedicada a las cuestiones previas, los defensores han pedido la nulidad por partir de "medios de prueba ilícitos". Entre ellos han citado las imágenes de cámara oculta del reportaje de la televisión danesa que alertó de las presuntas irregularidades de las clínicas de Morín, las escuchas telefónicas realizadas por la Guardia Civil y la falta de información sobre el proceso a los encausados.

El abogado del doctor Carlos Morín, Miguel Capuz, ha alegado que el centenar de abortos ilegales perpetrados "no son punibles" porque cuando se produjeron los hechos en 2007 no existía ninguna ley que concretara este extremo del reformado Código Penal. 

Ha explicado que se trata de una norma penal en blanco que se debe desarrollar mediante una ley orgánica, cuyo proyecto se atascó en el Congreso en 1995 por el cambio de gobierno y hasta 2010 no se aprobó la nueva legislación sobre interrupción del embarazo que ponía el límite de 22 semanas cuando existiera riesgo físico o mental para la madre y por la que se está procesando a los encausados.

Ausencia de notificaciones

Capuz también ha señalado algunos errores procesales de la instrucción del caso, como la reapertura del procedimiento sin notificarlo en un auto, y ha sostenido que se han vulnerado derechos fundamentales de la acusación -como el de ser informado- porque no se le notificó a Morín que se había admitido a trámite la querella de E-Cristians ni que se le habían imputado delitos de asociación ilícita y falsedad documental.

Los letrados de la defensa han hecho hincapié en que la querella que reinició el proceso se basaba en un reportaje de la televisión danesa en el que una periodista se hizo pasar por paciente embarazada y grabó con cámara oculta, cuya práctica ha sido declarada "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional (TC) en varias sentencias recientes por vulnerar el derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Uno de los abogados ha alertado de que los testigos protegidos -uno de ellos es una ex administradora de la clínica no imputada-  aportaron información robada que, además, aportaba datos íntimos de pacientes, además de una treintena de cajas entregadas en el juzgado en septiembre de 2011, de las que desconocen "cómo se han obtenido" y que no estuvieron bajo control judicial.

Sobre los restos de AND nuclear humano que, según la Fiscalía, se encontraron en desagües de una clínica, si bien ya no había los aparatos para hacer la evacuación de los restos biológicos, las defensas han argumentado que no hubo "restos humanos ni nada" y han condenado las informaciones aparecidas en los medios, sobre los que han dicho que han maldecido públicamente a los procesados.

Tras las largas deliberaciones de los letrados, el juez ha acordado un receso, y continuará el juicio la tarde de este viernes, si bien no será previsiblemente hasta el martes cuando el tribunal anunciará su posición sobre las nulidades solicitadas por las defensas.