El Gobierno regula los despidos colectivos en el sector público

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El Gobierno ha dado un paso más en la reforma laboral al tramitar el reglamento sobre los ERE (expedientes de regulación de empleo), que en el sector público permitirán los despidos colectivos, entre otras causas, por una reducción presupuestaria del 10%, informa TVE. Los sindicatos rechazan la medida y la oposición denuncia que así se prepara el camino a las privatizaciones.

En la reforma que se aprobó en febrero, que provocó una huelga general, se abrió claramente la puerta a los despidos en el sector público cuando la administración tuviera dificultades económicas, una posibilidad hasta entonces no llevada a la práctica. Ahora, el Gobierno ha presentado a los sindicatos el proyecto de reglamento sobre los ERE, que desarrolla este extremo.

El borrador entiende que concurrirán esas circunstancias (“insuficiencia presupuestaria”) cuando la aportación a la entidad correspondiente disminuya al menos un 10% respecto al ejercicio anterior, aunque deja abierta la puerta a otros supuestos que no precisa, informa Efe.

Los sindicatos han presentado sus alegaciones al documento que les ha remitido el Ministerio de Empleo y afirman que el Gobierno facilita sobremanera los despidos de empleados públicos. "En última instancia van a ser las propias administraciones las que recurran al despido las que tomen la decisión. Eso nos parece arbitrario y deja a los trabajadores en una situación de indefensión”, ha dicho a TVE Toni Ferrer, de UGT, que recuerda que son las administraciones quienes deciden los presupuestos de esos organismos o empresas.

Este año, el recorte en los ministerios (que luego son los que aportan el presupuesto a la mayoría de organismos y empresas públicas) se redujo en un 17% de media; y el que viene lo hará más de un 12% de media, según el plan de recortes que acaba de enviar el Ejecutivo a la Unión Europea.

Cierre de empresas

El documento también contempla que se podrá despedir a los trabajadores cuando se suprima su departamento o ente. En este sentido, cabe recordar que el Gobierno también ha anunciado un plan para suprimir cientos de empresas públicas encargadas normalemente de servicios esenciales para la comunidad.

En principio, este reglamento no afectaría a los funcionarios por oposición, que se rigen por el Estatuto de la Función Pública y no por el Estatuto de los Trabajadores. Pero en el sector público prestan servicio 690.000 trabajadores contratados por las administraciones como personal laboral (según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; ver texto en pdf [pág. 21]) y 142.000 en las empresas públicas (según la última encuesta de población activa, EPA)

En su trámite parlamentario, se aprobó una enmienda que, en el caso de llevarse a cabo el ERE, da preferencia para permanecer en el puesto a los trabajadores que accedieran a su puesto mediante un proceso selectivo, como los funcionarios, que son la gran mayoría de los afectados por esta posibilidad.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha dicho que la nueva norma muestra "la clara intención privatizadora de los servicios públicos (del PP): primero vacían las empresas de personal y después, las venden".  

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