El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha anunciado que interpondrán los "recursos necesarios", incluido el de inconstitucionalidad, contra el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que fija un nuevo objetivo de déficit que considera un "ataque frontal" contra Andalucía y una "discriminación" y que ha exigido al Gobierno central que revise.
Por este motivo, ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario para mañana jueves en el que se estudiarán todas las vías jurídicas posibles contra este acuerdo, incluido el recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional.
En el CPFF, el Gobierno anunció que ha fijado para las comunidades autónomas un objetivo global de deuda del 15,1 % del PIB para 2012 y del 16 % para 2013 y objetivos individuales de cada autonomía en materia de déficit y deuda para los próximos años. Media hora después de empezar la reunión Andalucía decidía abandonarla porque el límite de deuda fijado supondría un recorte de 2.735 millones de euros.
Según ha dicho Griñán en rueda de prensa, este nuevo objetivo, que rebaja el nivel de endeudamiento "casi dos puntos menos" que lo acordado en mayo pasado, supondría el cierre de 19 hospitales públicos y más de 2.000 colegios, la mitad de los que existen, y el despido de 60.000 empleados públicos.
Para el presidente andaluz, el acuerdo del CPFF, apoyado por las comunidades gobernadas por el PP, "se trata de un ataque generalizado contra la educación y la sanidad públicas y cuyo destinatario final es Andalucía", y que perjudica también a Asturias, gobernada también por el PSOE.
Griñán considera que el aumento del límite de endeudamiento para Andalucía "supone romper la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan" fruto de un "trato discriminatorio" que, de hacerse efectivo, "supondría un golpe durísimo a la educación y sanidad públicas de los andaluces".
Tras afirmar que el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, está de acuerdo con la postura de Andalucía, Griñán ha agregado que con el límite de la deuda, que para la comunidad supondría disponer de 3.000 millones de euros menos, "es imposible" confeccionar el presupuesto autonómico de 2013.
El jefe del Ejecutivo andaluz ha concretado, además, que requerirá al Gobierno central "lealtad" y la "revisión" de esta decisión porque supone un "perjuicio notable" para Andalucía, una iniciativa que se sumará a la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento andaluz previa a la Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista para septiembre.
El objetivo es fijar en la Cámara autonómica una "posición unánime" en defensa de los intereses de Andalucía, según Griñán, que también tiene previsto abrir una ronda de reuniones con agentes sociales y económicos que permita cerrar un acuerdo común frente a este "ataque frontal, un golpe durísimo" a la educación y la sanidad públicas.
"Los andaluces exigimos igualdad de trato, un trato justo por muchas razones. Somos parte importante de España y queremos colaborar con los objetivos comunes de país, pero no podemos aceptar un trato discriminatorio que suponga romper la igualdad de todos los españoles", ha aseverado el presidente de la Junta.
Ha criticado que el límite de deuda "impuesto" por el Gobierno "sin notificación" previa "maltrate y castigue" a comunidades que como Andalucía han hecho un mayor esfuerzo y sea "más flexible" con autonomías más endeudadas, lo que a su juicio "choca" con la lógica y el sentido común.
Convencido de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue sincero durante la reunión que mantuvo con él en La Moncloa el pasado lunes, Griñán ha precisado que en la misma se habló del "endeudamiento en términos elogiosos", por lo que ha expresado su sorpresa por la propuesta "inadmisible" de Cristóbal Montoro, el ministro "andaluz" de Hacienda, ha subrayado.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó que la deuda máxima de Andalucía sea del 13,2 % de su PIB para 2013, lo que supone rebajar en un 1,9 % el límite actual de endeudamiento que contiene el Plan Económico Financiero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía, y que el propio Gobierno central aprobó el pasado 17 de mayo.
Durante su comparecencia, Griñán ha justificado el plante en el CPFF de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, al sostener que abandonó la reunión después de más de treinta minutos de diálogo "infructuoso" por la actitud "inesperada y desleal" del Ministerio de Hacienda y Administración Pública.
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