La juez que investiga los ERE fraudulentos ha imputado supuestos delitos de malversación, falsedad, prevaricación y omisión del deber de denunciar delitos al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, y le ha acusado de conocer el sistema fraudulento de ayudas y su intervención en expedientes concretos.

Por otra parte, la juez Mercedes Alaya ha dado este viernes traslado a las partes personadas del recurso en el que el abogado del exconsejero Antonio Fernández le pide quedar libre sin fianza o que al menos se produzca una "sustancial rebaja" de la fianza de 450.000 euros.

Fernández, encarcelado desde el 24 de abril pasado, no ha conseguido aún la fianza de 450.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla el pasado 12 de julio, por lo que su abogado pide a la juez una "sustancial rebaja" o que esa cantidad se pueda consignar en otra forma de las legalmente previstas -en especial avales- y no en dinero efectivo.

En cuanto a Barberá, la juez Mercedes Alaya ha leído durante 52 minutos los hechos que le imputa por los años en que fue viceconsejero (2004-2010), tras lo cual ha hecho un receso aunque su abogado, Pedro Apalategui, ha afirmado que "no venían preparados para esta ampliación de la acusación".

Abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que la juez le ha respondido que "es su deber conocer las actuaciones".

Según la juez, el exviceconsejero tenía conocimiento del sistema

Según la juez, el exviceconsejero "habría tenido conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández -encarcelado desde el 24 de abril- de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".

Además, Barberá estaría informado de la "ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía", según Alaya.

La magistrada ha imputado además a Barberá conocer los expedientes irregulares concretos de empresas como Surcolor, Aglomerados Morell y ACYCO.