La Comunidad Valenciana ha solicitado ayuda financiera al Estado para hacer frente a sus pagos recurriendo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 18.000 millones de euros que el Gobierno aprobó la semana pasada para socorrer a las regiones con problemas, según ha señalado el portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, y ha confirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ejecutivo que preside Alberto Fabra ha pedido la adhesión al mecanismo de la liquidez autonómica para "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012" y, además, poder "atender el pago de otros proveedores, entre ellos las farmacias y muchos otros", ha justificado Císcar, quien ha recalcado que la adhesión a ese instrumento "es voluntaria" y "aporta seguridad en el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Generalitat".

Sin embargo, el Gobierno autonómico ha matizado los términos de la decisión y ha rechazado que la Comunidad Valenciana haya pedido "ningún rescate", a través de un comunicado. El Ejecutivo lamenta "el interés de algunos sectores de la sociedad por desprestigiar constantemente a la Comunidad Valenciana".

El comunicado recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el Real Decreto-Ley de medidas de liquidez de las Administraciones Públicas, "un mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden acogerse las comunidades que requieran de liquidez para atender sus próximos vencimientos o bien que requieran de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento".

Evitará "el encarecimiento de los préstamos"

El portavoz de la Generalitat ha resaltado que esa medida evitará "el encarecimiento de los préstamos ante una eventual renegociación que ahora no será necesaria" y, por tanto, que la Generalitat tenga que "detraer liquidez de otras partidas del presupuesto", como las destinadas a políticas sociales, "para tener que pagar intereses".

Además, ha anunciado que han asumido "voluntariamente" el  compromiso de "enviar mensualmente información al Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General, de la ejecución del plan de ajuste" aprobado en abril por el Consell y por el Consejo de  Política Fiscal y Financiera (CPFF) para evitar que exista "la menor duda" sobre la "buena disposición" de la Comunitat.

De este modo, Císcar parecía descartar nuevos recortes en los presupuestos de la región, más allá de los ya recogidos en el plan de ajuste que presentó ante Hacienda, aunque la adhesión al mecanismo de liquidez implica una “altísima condicionalidad”, según explicó el ministro de Economía, Luis de Guindos, la pasada semana, es decir, un elevado control de las cuentas regionales que puede conllevar nuevos ajustes.

La cantidad, sin precisar

Por el momento, Císcar no ha detallado qué cantidad pedirá la Comunidad Valenciana, aunque ha recordado que el fondo cuenta con un máximo de 18.000  millones de euros para 2012, está gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y financiado por el Tesoro y que, además, será parcialmente dotado a través de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado por importe de 6.000 millones de euros.

Igualmente, ha apuntado que las autonomías que deciden adscribirse a ese mecanismo "han de presentar y acordar con el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste que asegure el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de deuda pública, así como el reembolso de las cantidades aportadas por el fondo" y ha remarcado que "quedan sujetas al control financiero y fiscal por parte del Gobierno".

No podemos destinar una gran parte de nuestra liquidez a pagar la deuda

Císcar ha valorado la "lucha contra el déficit" que mantiene el Consell "desde hace meses" desde el convencimiento de que "la reducción del déficit es el principio del final de la crisis". "Si no vencemos el déficit, no saldremos de la crisis. No podemos destinar una gran parte de nuestra liquidez a pagar la deuda en unos mercados que cada vez nos exigen tipos más altos", ha advertido el portavoz.

Es por eso que han decidido asumir ese compromiso de informar puntualmente a Hacienda de la ejecución del plan de ajuste para evitar cualquier "duda" acerca de su "buena disposición".