La OCDE ha recomendado a sus países miembros reducir el nivel de la deuda pública a un máximo del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) en menos de cuatro decenios para protegerse de posibles dificultades futuras, como el impacto del envejecimiento de la población.

Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido son los países que necesitan un ajuste presupuestario más importante e inmediato con la vista puesta en llegar a ese 50% del PIB en el horizonte de 2050, según un informe publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Todos esos países necesitan una corrección de al menos nueve puntos de PIB (hasta 12 en el caso de Japón) en gastos de sanidad, de asistencia de largo plazo para personas mayores o con minusvalías y en pensiones.

El recorte tendría que ser de entre seis y cuatro puntos de PIB por orden decreciente para Holanda, Bélgica, Finlandia, Canadá, Francia, Eslovaquia, Alemania, Polonia, Austria, República Checa, Corea del Sur y España.

Los que menos necesidades presentan -entre cuatro y dos puntos de PIB- son Hungría, Grecia, Australia, Portugal, Italia, Suiza, Dinamarca y Suecia.

Saneamiento en España, Grecia, Irlanda, Islandia y Portugal

Los autores del informe constataron que estados como España, Grecia, Irlanda, Islandia y Portugal han puesto en marcha esfuerzos de saneamiento de las cuentas públicas "muy ambiciosos" a la vista del pasado, con recortes de entre el 5% y el 12% de su PIB.

Y añadieron que otros, y en particular Estados Unidos, Japón y Reino Unido, deben proceder a tijeretazos presupuestarios de más del 5% de su PIB.

"Teniendo en cuenta el peso del envejecimiento demográfico y otros gastos, la reforma de los programas de derechos a prestación debe ocupar un gran espacio en toda estrategia destinada a garantizar la viabilidad a largo plazo", señalaron.

La OCDE identificó los sectores de ahorro que o bien son favorables para el crecimiento económico o bien tienen pocos efectos negativos, y que, según los países, representan entre el 4% y el 10% del PIB.

Se trata de mejoras en la eficiencia de la sanidad o la enseñanza, pero también la ampliación de la base imponible de los impuestos con la supresión de exenciones o deducciones.

En el caso de España, por ejemplo, ha estimado que con diferentes partidas cifradas, se puede conseguir un saneamiento presupuestario equivalente al 7,3% del PIB, de los cuales 1,6 puntos obedecerían al aumento de la eficiencia en la sanidad, un 1,4 al IVA (reduciendo los sectores a los que se aplica un tipo reducido) o un punto con la masa salarial de las administraciones públicas.