El Gobierno catalán plantea que los vigilantes de seguridad asuman tareas policiales

  • Se encargarían del exterior de las prisiones, el campo y controles de tráfico
  • Esta incorporación se debe hacer bajo criterios de excelencia
  • Desarrollarán un código de buenas prácticas para este sector
EUROPA PRESS 

El Gobierno catalán estudia la posibilidad de incorporar vigilantes de seguridad privada a tareas policiales como la vigilancia del perímetro de las prisiones, de las zonas rurales y de apoyo en controles de tráfico y eventos deportivos.

El consejero de Interior, Felip Puig, ha abogado por abrir un debate y un período de reflexión, aunque ha recordado que las funciones complementarias de las empresas de seguridad privada no compensarán la necesidad de más efectivos policiales, unos 2.000 ó 3.000 mossos d'Esquadra más, según ha cifrado.

"Tenemos empresas de seguridad privada vigilando instalaciones de la Policía y del Ministerio de Defensa", ha planteado Puig durante una jornada sobre seguridad privada en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) donde ha defendido que esta incorporación se debe hacer bajo criterios de excelencia, lo que conlleva formación y profesionalidad.

En este sentido, la Consejería tiene previsto desarrollar un código de buenas prácticas para este sector, para que pueda ser considerado y reconocido como autoridad en su colaboración con la administración pública.

El borrador de este documento se presentará este miércoles en el Consejo de Coordinación de la Seguridad Privada para que pueda ser aprobado. Su adhesión no será un requisito pero otorgará mayor compromiso por parte de las empresas que los suscriban.

La seguridad privada no tiene solo un papel subsidiario

"La seguridad privada no tiene solo un papel subsidiario sino complementario", ha afirmado Puig, quien ha recordado que en otros países europeos estas tareas ya son asumidas por empresas privadas en colaboración con los cuerpos de seguridad públicos.

Asimismo, Puig ha abogado por avanzar en este campo bajo la tutela de la administración, dado que las condiciones económicas requieren mantener el mismo nivel pero con menos recursos.

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