La Fiscalía General del Estado ha enviado una instrucción a los fiscales Jefes Superiores y los fiscales Provinciales de toda España ante la proliferación "preocupante" de menores que maltratan a sus padres, principalmente varones que la emprenden contra la madre, a fin de que adopten medidas para agilizar estos procesos en el ámbito  judicial y responder a las familias también desde un punto de vista social.

En el documento, de 36 folios, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegura que "en el ámbito del Derecho penal juvenil los malos tratos familiares protagonizados por los menores están proliferando últimamente de forma que como mínimo cabría calificar de preocupante" por causas más relacionadas con "deficiencias del proceso educativo" que con situaciones de marginalidad.

De hecho, señala que "no se trata de un fenómeno asociado exclusivamente a las denominadas 'broken families' ni a familias desestructuradas" por lo que "no es infrecuente" que el menor maltratador esté integrado en "familias con nivel económico y social medio alto".

Así, explica que si bien desde un punto de vista sociológico estas conductas se asocian a familias monoparentales en las que el menor se ha criado con la madre, "hacia la que adopta posturas patriarcales y  machistas", en los últimos tiempos se está detectando "una evolución  en el perfil" del niño o adolescente: la víctima sigue siendo "mayoritariamente" la madre, pero cada vez hay "mayor equiparación"  entre maltratadores hijos e hijas.

Aconseja no privar de libertad a los que maltratan

La Fiscalía General del Estado aconseja a los fiscales que adopten medidas no privativas de libertad para los menores que maltratan a los padres, tales como la convivencia con grupo un familiar o educativo, la libertad vigilada o el alejamiento.

Aconseja una actuación preventiva de los servicios sociales y de instituciones de protección de menores antes de la activación, "siempre traumática", del sistema de justicia juvenil.

La Fiscalía ha enviado este documento, según informa en un comunicado, tras constatar la existencia de este problema, que tiene "una profunda incidencia social y cuyo origen puede estar asociado a deficiencias en el proceso educativo de los menores".