El ministro de Exteriores de Sri Lanka, G.L. Peiris, ha asegurado este jueves que su Gobierno no permitirá la entrada al país de un grupo de expertos de la ONU nombrado para evaluar si las autoridades han cumplido con sus promesas de investigar posibles crímenes de guerra.

Según ha declarado al canal ceilanés "Ada Derana", Peiris ha constatado que los expertos "no pueden entrar en el país sin obtener visados" y, ante la insistencia de los periodistas, ha aseverado que el Ejecutivo no permitirá su entrada.

Investigación sobre crímenes de guerra

El pasado martes, la ONU anunció su decisión de nombrar un panel de expertos para que indaguen si Sri Lanka ha cumplido con su compromiso de investigar los posibles crímenes de guerra durante la violenta ofensiva final contra los rebeldes tamiles en 2009, algo que las autoridades ceilanesas se apresuraron en tachar de "interferencia innecesaria".

El Ministerio de Exteriores ha difundido este jueves además un comunicado en el que critica a la Comisión Europea por condicionar la prórroga de los beneficios del Sistema General de Preferencias (SGP) comunitario para Sri Lanka al cumplimiento de quince puntos.

La CE remitió una carta el pasado día 17 en la que pide a Sri Lanka, entre otras cosas, que levante el estado de excepción para respetar las garantías constitucionales y una serie de medidas en favor de los derechos humanos.

"El Gobierno cree que la postura de la Comisión Europea implica la imposición de una serie de condiciones, la suma de las cuales es claramente incompatible con la soberanía de Sri Lanka", ha zanjado Exteriores.

Presión contra la ONU

Para resumir su opinión, el Gobierno ha reproducido unas palabras pronunciadas días atrás por el presidente ceilanés, Mahinda Rajapaksa: "No estamos preparados para aceptar ayudas bajo condiciones que traicionen la libertad de nuestra tierra y nuestro pueblo".

La ofensiva final contra la guerrilla tamil (LTTE) comenzó en enero de 2009 y costó la vida de hasta 20.000 civiles (una cifra manejada por la ONU pero después desautorizada por la propia organización), aprisionados en una zona declarada previamente como "segura" por el Gobierno.

Desde el año pasado, el Gobierno de Sri Lanka arremete con dureza contra la ONU y cualquier cancillería occidental que exprese recelos sobre la última fase de la guerra civil, marcada por una batalla de propaganda entre ambos bandos y la confusión sobre el número de víctimas civiles.