La Corte Internacional de Justicia (CIJ) considera que Uruguay ha violado las obligaciones de carácter procedimental, pero no las medioambientales, de un acuerdo bilateral con Argentina de 1975, en la construcción y funcionamiento de una papelera en su orilla del río Uruguay, y no fija compensaciones por ello.

"Uruguay no respetó sus obligaciones procedimientales de informar a la instancia bilateral de regulación del río", ha declarado el vicepresidente del CIJ, Peter Tomka en contestación a la denuncia presentada por Argentina en 2006.

Sin embargo, Argetina había denunciado a su país vecino porque consideraba que la papelera violaba el medio ambiente y pedía o bien el cese de operaciones de la papelera o bien el pago de indemnizaciones, algo que no fina el tribunal al considerar que el tratado fija que estas medidas se deben tomar a través de consultas y negociaciones entre ambos países.

De esta forma, la papelera seguirá funcionando.

Conflicto larvado

Uruguay y Argentina han mantenido un enfrententamiento durante años por la construcción de las dos plantas de la papelera, de la que solo se está construida la planta de Botnia, con una capacidad anual de producción de un millón de toneladas de papel, lo que representa una inversión de 740 millones de euros.

"Uruguay ha dado prioridad a su propia legislación sobre las obligaciones de procedimiento en virtud del Tratado de 1975,", ha decretado la Corte -el máximo órgano judicial de la ONU- con sede en La Haya.

En la vista celebrada entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre de 2009, Uruguay había asegurado que "ningún daño había sido causado al río Uruguay" y que la planta no libera las dioxinas y respeta los estándares de calidad del agua .

Satisfacción a medias de Argentina

Argentina, que había solicitado el traslado de la planta, en funcionamiento desde noviembre de 2007, ha considerado que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le da la razón al confirmar que Uruguay incumplió el acuerdo bilateral, y ha abogado por impulsar el diálogo y la cooperación para resolver el conflicto.

La reacción de los asesores legales de la Cancillería argentina contrasta con la frustración con la que ecologistas y vecinos de la localidad fronteriza de Gualeguaychú han recibido la decisión de la Corte de La Haya.

Julio Barboza, uno de los abogados que trabajó en la estrategia argentina, ha declarado que el contenido de la sentencia referido al incumplimiento del tratado bilateral por parte de Uruguay "está a tono con la posición del Gobierno de Cristina Fernández".

"La Corte de La Haya fue categórica en ese sentido. Pero también dijo que la papelera cumple con los estándares internacionales sobre la contaminación del río, algo con lo que Argentina no acuerda", ha admitido.

Satisfacción del otro lado

También para el Gobierno de Mujica el resultado ha sido "muy positivo" y abre una nueva etapa.  "Aunque era previsible, nosotros entendemos que el fallo resulta muy constructivo, muy positivo para Uruguay, y da un fundamento sólido para empezar una nueva etapa en las relaciones con Argentina", afirmó a Efe el vicepresidente uruguayo, Danilo Astori.

El canciller de Uruguay, Luis Almagro, adelantó que llamará hoy mismo a su homólogo argentino, Jorge Taiana, para fijar un encuentro entre los presidentes de ambos países y apeló a un "trabajo conjunto" para resolver la polémica.