Enlaces accesibilidad
arriba Ir arriba

Hace unos días, los talibanes anunciaban una ley para prohibir la voz femenina en público. Como consecuencia, miles de mujeres se manifestaron en redes sociales para reivindicar sus derechos. En el caso de España, una iniciativa, organizada por mujeres de la plataforma Más Democracia, quiere llevar esta legislación a la justicia. "Las mujeres afganas están luchando por sus derechos y nosotras queremos ayudarlas, aunque nos veíamos un poco limitadas desde la sociedad civil", comenta al canal 24 horas, Emilia Sánchez-Pantoja, una de las promotoras de la iniciativa. Tras recoger más de 10.000 firmas, este martes se han reunido con el Ministerio de Igualdad para debatir qué acciones podrían ponerse en marcha desde el país. "Nos hemos encontrado que llevaban días trabajando ya en una serie de medidas", ha añadido Sánchez-Pantoja, quien ha recalcado que buscan que España inicie "ante el Tribunal Penal Internacional esta acción para declarar como crimen contra la humanidad" el trato que se está dando a las mujeres y niñas afganas.

Por otro lado, la plataforma ha propuesto una serie de medidas concretas para ayudar a aquellas que ya residen en España y que se encuentran con obstáculos burocráticos.

El término genocidio se acuñó para describir precisamente lo ocurrido en el holocausto, lo que el Artículo II de la Convención de Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio define como cualquier acto "perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Hoy vamos a hablar de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, qué son y cómo se juzgan, con Ignacio Perotti, director del Máster en Derechos Humanos de la Universidad Europea.

La guerra en Gaza está siendo testigo de violaciones del derecho internacional y ha abierto dos procesos paralelos en dos tribunales diferentes. Por un lado, Israel, como Estado, se enfrenta a una denuncia de Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) por posible genocidio contra la población palestina. Por otro, el Tribunal Penal Internacional (TPI) tiene abierta una investigación por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra tres dirigentes de Hamás, Ismail Haniya, Yahya Sinwar y Mohammad Deif.

Aunque ambos tribunales se encuentran en La Haya (Países Bajos) y muchas veces se confunden, son muy distintos. Mientras que el Tribunal Internacional de Justicia se encarga de enjuiciar a Estados, la Corte Penal juzga a individuos. Además, el primero puede establecer reparaciones e indemnizaciones; el segundo hasta penas de prisión. Sin embargo, a lo largo de estos últimos años estas instituciones de justicia internacional han recibido muchas críticas: acusaciones de doble rasero, lentitud en sus investigaciones, costes excesivos o falta de eficacia a la hora de aplicar sus sentencias y medidas.

Para analizar todo esto hemos charlado con Carlos Castresana, fiscal del Tribunal de Cuentas de España y ex candidato a Fiscal Jefe en la Corte Penal Internacional, y con Rodolfo Marcone, abogado y autor de la denuncia contra Netanyahu que un grupo de juristas chilenos ha presentado ante la Corte Penal. 

Si quieres saber qué hace cada uno de estos tribunales, cómo funcionan, quién los financia, cuáles son sus límites, si sirven realmente para impartir justicia, y qué podría pasar en los casos abiertos por el conflicto en Gaza, no te pierdas este video.

La Corte Internacional de Justicia dicta por tercera vez medidas cautelares contra Israel, en este caso, con el objetivo de detener su ofensiva en Gaza. Aunque ya en su momento Israel se negó a presentar un informe para esclarecer sus acciones militares en la Franja, la Corte ha vuelto a exigir un documento que desmienta la posibilidad de un genocidio en la región. Aunque la sentencia pude tardar años para finalmente llevarse a término, este hecho aísla aún más a Netanyahu a nivel internacional.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que la UE tendrá que elegir "entre nuestro apoyo a las instituciones internacionales del Estado de Derecho o nuestro apoyo a Israel", tras la orden tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que ordena a Israel al "cese inmediato" de su ofensiva en Ráfah.

Foto: Josep Borrell (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La Corte Internacional de Justicia ha pedido a Israel que detenga los ataques en Ráfah y en el resto de Gaza ante amenazas de "genocidio" llevadas a cabo contra el pueblo palestino. El Tribunal ha señalado que la situación en Ráfah es "catastrófica" apenas unas semanas después de la entrada de las fuerzas israelíes en la localidad que albergaba más de un millón de gazatíes. La Haya también ha impuesto la reapertura de los corredores humanitarios así como de investigadores para discernir la situación en la región ante las denuncias de "limpieza étnica" presentadas por países como Sudáfrica.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha pedido al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Nentanyahu; su ministro de Defensa, Yoav Gallant; y los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri e Ismail Haniya, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante la guerra en Gaza. En las mañanas de RNE, Luis Moreno Ocampo, abogado y exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, ha explicado cuál puede ser el objetivo de esto: "El fiscal de la Corte Penal Internacional da [a Israel] una oportunidad de cambiar la estrategia: basta de guerra, basta de matanzas. Usemos la justicia".

Para el abogado, esta petición ofrece claridad moral y legal para poder investigar los delitos cometidos durante esta guerra: "Es obvio que bloquear el acceso a la comida y al agua para dos millones de personas es un crimen y debe ser investigado". 

De la misma manera, Luis Moreno Ocampo, ha comentado que posiblemente se esté produciendo un genocidio en Gaza y que por lo menos se podría investigar. También insiste en que si el fiscal tiene pruebas de crímenes de guerra, esto es lo suficiente grave, por lo que no hace falta calificar de genocidio. "Más allá de lo que pase individualmente a Netanyahu o a los líderes de Hamás, esta es la oportunidad de que el mundo entienda que hay que hacer justicia", ha concluido el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional. 

La Corte Penal Internacional estudia la posibilidad de elevar órdenes de arresto contra los integrantes del Gobierno israelí y de Estados Unidos ante las amenazas proferidas contra los jueces y magistrados del organismo. Ambos países no aprueban la autoridad de la CPI, a pesar de que la Corte ha hallado pruebas para incriminar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de crímenes de lesa humanidad. Ello provoca que países que sí reconocen las funciones del organismo presionen a Tel Aviv para que relaje sus tensiones en Gaza.

El fiscal de la Corte Penal Internacional ha anunciado que va a pedir que se dicten órdenes de arresto internacional contra el primer ministro israelí Netanyahu, su ministro de Defensa Yoev Gallant y altos cargos de Hamas como su líder Sinwar o su responsable político Ismail Haniye por cometer presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de la guerra de Gaza. ¿Qué repercusiones tiene este anuncio? Lo analizamos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y relaciones internacionales de Comillas ICADE.