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Un grupo de investigación de la ONU que ha revisado más de 200 casos señala la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela y del Gobierno de Maduro en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias relacionadas con la crisis política que vive el país y la presión hacia los miembros de la oposición. Los investigadores hablan de violaciones contra los derechos humanos coordinadas con políticas de estado que deberían ser calificadas como crímenes de lesa humanidad y recomiendan una intervención rápida y decidida de la justicia del país y, si no, la intervención de la Corte Penal Internacional.

El 11 julio de 1995, poco antes del final de la guerra de Bosnia (1992-1995), más de 8.000 bosnios musulmanes fueron asesinados en la ciudad de Srebrenica por el ejército serbobosnio bajo el mando del general Ratko Mladić y el grupo paramilitar serbio conocido como "Los Escorpiones". La peor masacre en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y un caso de limpieza étnica que escandalizó al mundo entero y precipitó el fin de la guerra en Bosnia, obligando a serbios, croatas y musulmanes a firmar la paz en noviembre de 1995 en Dayton (Ohio, EE.UU.).

El presidente Donald Trump ha autorizado sanciones en forma de congelación de fondos en EE.UU. como la entrada al país contra miembros de la Corte Penal Internacional relacionados con investigaciones sobre crímenes de guerra cometidos por soldados norteamericanos en Afganistán. Fuentes de la Administración aseguran que se ha producido un avance en esas investigaciones. EE.UU. nunca ha aceptado la jurisprudencia de ese tribunal, creado en 2002, pese a estar vinculado a la ONU.

La Corte penal internacional va a investigar los supuestos crimenes de guerra cometidos durante la guerra en Afganistan.

La investigación, que podría desembocar en juicio, afecta tanto a los crímenes cometidos por los talibán, como por fuerzas afganas y extranjeras, tras aceptar la apelación presentada por la fiscal jefe.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que plantea una reforma del Código Penal para eliminar la diferencia entre abuso y agresión sexual. Pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento expreso de la víctima. La norma castigará con hasta 15 años de cárcel los casos más graves de violación e introducirá el delito de acoso "callejero".

La Fiscalía del Tribunal Penal de Justicia cree que existe una base razonable para abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios de Cisjordania, Gaza y el este de Jerusalén. Informa Cristina Sánchez. corresponsal en Oriente Próximo

Hace unos días Filipinas anunció su salida de la Corte Penal Internacional, a la que no reconoce por sus ataques contra el presidente del país sudasiático. Rodrigo Duterte lleva en el poder desde 2016 y desde entonces ha emprendido una guerra contra las drogas, los narcos y los drogadictos que vulnera la legalidad. Mario Borrego nos lo cuenta en el siguiente reportaje.