La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que confirme el archivo de la causa contra el lehendakari, Patxi López, y su antecesor, Juan José Ibarretxe, por reunirse con ex dirigentes de Batasuna durante el alto el fuego de ETA en 2006, asunto que estudiarán mañana cinco magistrados del Alto Tribunal.
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, José Manuel Maza y Alberto Jorge Barreiro estudiarán los recursos del Foro de Ermua y Dignidad y Justicia contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de archivar esta causa.
El TSJPV archivó hace exactamente un año la causa, también dirigida contra el actual consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, y cinco representantes de la izquierda abertzale -Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberria, Pernando Barrena, Juan José Petrikorena y Olatz Dañobeitia-, por falta de acusación legítima.
Lo decidió con el voto en contra de su presidente, el magistrado Manuel Rábago, quien argumentó que la acusación ejercida por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia era suficiente.
La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo, mientras que la de Ibarretxe solicitó continuar el juicio hasta el final para demostrar que su actuación había sido legal.
El TSJPV optó por aplicar la llamada "doctrina Botín" del Tribunal Supremo, que estableció que en las causas que se tramitan como procedimiento abreviado no se puede abrir juicio oral si es sólo la acusación popular la que lo pide.
El Foro de Ermua y la asociación Dignidad y Justicia recurrieron la decisión del TSJPV al verla contraria a la "doctrina más moderna" del Supremo, establecida en la sentencia que condenó al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA).
En este caso, el Alto Tribunal matizó la llamada "doctrina Botín" y estableció que cuando no es posible que actúe la acusación particular porque el delito carece de perjudicado concreto, la popular puede instar por sí sola la apertura de juicio oral.
Sobre las reuniones con Batasuna ya se pronunció en 2006 el Tribunal Supremo, que rechazó una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y varios dirigentes del PSE-EE por la reunión que varios de ellos mantuvieron con Otegi, al estimar que los contactos no pueden ser perseguidos penalmente si no hay una "orden expresa" que los prohíba.
Entre los miembros de la sala que examinó ese caso estaban el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y José Manuel Maza, dos de los magistrados que ahora tienen que decidir sobre López y el resto de las personas que se reunieron con ex dirigentes de Batasuna.
Por su parte, el magistrado que tendrá que redactar la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, emitió en el "caso Atutxa" un voto particular discrepante con la matización efectuada por el Alto Tribunal sobre la "doctrina Botín", al creer que el criterio no debe variar porque exista o no acusación particular personada en la causa penal.
La Sala de lo Penal, por tanto, está dividida, ya que los magistrados discrepan sobre si tienen que aplicar en este caso la "doctrina Botín" o la "doctrina Atutxa".
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