La trama empresarial de 32 personas detenidas la pasada semana en Barcelona en el marco de la denominada "Operación Génesis", de las que trece han ingresado en prisión, habría defraudado unos 25 millones de euros a Hacienda.

El jefe del Área Central del Crimen Organizado de los Mossos d'Esquadra, Jordi Ollé, y el delegado especial de la Agencia Tributaria, Joan Cano, han explicado que, en total, 70 empresas estarían vinculadas a la red delictiva, con una estructura piramidal y distribuidas por toda España.

Las sociedades investigadas, algunas de ellas del sector del metal, estaban relacionadas piramidalmente, con una estructura tan compleja que han sido necesarios dos años de investigación coordinada entre la Policía autonómica y técnicos de la Agencia Tributaria para poder desentrañarla.

Indigentes y enfermos terminales

Algunas de las empresas implicadas en estos delitos contra la Hacienda pública y de falsificación de documentos mercantiles utilizaban a indigentes como testaferros e incluso, en un caso, el domicilio de una de estas personas era un cajero automático en el que supuestamente se refugiaba.

También se utilizaba a personas con enfermedades degenerativas e incluso terminales, y también mujeres que recibían dinero de forma regular por prestar su firma en documentos y por favores de naturaleza sexual a los cerebros del fraude.

En el curso de la operación, se realizaron 80 entradas y registros en diferentes municipios de Cataluña y Madrid, con la participación de 80 funcionarios de la Agencia Tributaria y 200 policías autonómicos.

Dos personas controlaban a los testaferros

Los testaferros estaban controlados por dos personas, una de las cuales ya ingresó en prisión en la década de los 90 por dirigir una trama de características muy similares a la desmantelada en esta ocasión, mientras otro de los detenidos también tenía antecedentes penales.

La estructura piramidal se sustentaba en un primer escalón por más de 30 empresas, denominadas 'sociedades base' por los investigadores, que emitían facturas falsas a otras sociedades de la trama que requerían sus servicios -ficticios- para reducir impuestos.

La identificación de estas sociedades base ha resultado muy laboriosa, han asegurado Ollé y Cano, ya que muchas habían tenido una actividad económica real antes de ser adquiridas para formar parte de esta trama delictiva.

Un nuevo administrador

Una vez pasaban a formar parte del entramado, la organización nombraba a un nuevo administrador que se inscribía debidamente en el Registro Mercantil para evitar sospechas.

Entonces, esta sociedad simulaba continuar con una actividad comercial que era en realidad inexistente y utilizaba facturas falsas emitidas por otras sociedades pertenecientes a la misma trama, de manera que hacían constar en sus declaraciones a Hacienda datos totalmente falsos que buscaban despistar a los inspectores.

Las empresas receptoras de las facturas, que constituían el segundo escalón y que en muchos casos estaban vinculadas entre sí por relaciones familiares, obtenían importantes deducciones en concepto de IVA y también del impuesto de sociedades, simulando la adquisición de bienes y servicios inexistentes.

Análisis de la documentación

Estas sociedades intermedias desviaban parte de su facturación falsa a otro escalón superior de empresas, unas doce, según Ollé, que se beneficiaban igualmente de este 'modus operandi'. Ha precisado que la operación policial no ha finalizado aún, dado que en las próximas semanas se deberá analizar la gran cantidad de documentación que se ha incautado en los 80 registros.

Durante un registro se localizó una caja fuerte de grandes dimensiones que debió ser abierta con sierras por los bomberos, y en el interior se halló una gran cantidad de talonarios bancarios de diferentes testaferros, todos firmados en blanco y donde sólo hacía falta escribir el importe a cobrar.