Un sacerdote nacido en Colombia, una funcionaria y una abogada se cuentan entre los 34 detenidos por agentes de la Policía Nacional, dentro de la denominada 'Operación Escarlata', que han desarticulado una red internacional dedicada a la realización de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de origen colombiano y españoles.

El grupo habría concertado más de cien bodas ilegales, a cambio de  las cuales recibían entre 10.000 y 12.000 euros para legalizar la situación de los contrayentes.

Se les  imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la  ley de extranjería.

De esta forma, los inmigrantes podían obtener un Permiso de Residencia en España y, posteriormente, gestionar su nacionalización.

La investigación no ha concluido y se continúa analizando todo lo intervenido, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Operación Escarlata

Entre los miembros de esta red destacaba una mujer, de apodo  "Claudia", colombiana y nacionalizada española, quien, a través de  una supuesta gestoría en el barrio de Carabanchel y haciéndose pasar por abogada, era la encargada de realizar estos casamientos previo pago de cantidades que oscilaban entre los 10.000 y 12.000 euros.

Esta mujer, con ayuda de otros miembros, había tejido una red de contactos para facilitarse su ilícita actividad, entre ellos algunos  funcionarios, y acudía siempre a los mismos Registros Civiles y Juzgados de Paz de la provincia de Madrid y zonas limítrofes.

Las pesquisas policiales apuntan a que "Claudia" podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones (Madrid), y otros 22 enlaces canónicos en distintas parroquias madrileñas. 

Cónyuge de ambientes marginales

Normalmente el extranjero interesado en legalizar su situación contactaba con esta mujer y le adelantaba parte de los 10.000 euros  que costaba la boda con un ciudadano español. El resto del dinero era  entregado tras obtener el Permiso de Residencia.

"Claudia"  buscaba entonces a la persona de nacionalidad española, generalmente de ambientes marginales, que a cambio de 3.000 euros accedía a contraer matrimonio.

Realizaba también todas las gestiones necesarias para formalizar el casamiento, desde los trámites administrativos hasta el aleccionamiento a los futuros contrayentes, con el objetivo de que realizasen correctamente la entrevista previa.

Otra de sus misiones era buscar a los testigos del enlace, a los que pagaba unos 200 euros, y  se encargaba de gestionar la falsificación de los documentos que fuesen necesarios y realizar los trámites posteriores necesarios para obtener el Permiso de Residencia.

También utilizaban otra modalidad para facilitar la residencia a sus clientes. Ahora además falsificaban las Certificaciones Eclesiásticas, las presentaban en el Registro Civil correspondiente y  registraban el casamiento en los Libros de Registro oportunos, sin necesidad de pagar a contrayentes.  

Matrimonios anulados

En la operación han participado 50 agentes de la Policía Nacional,  junto a otros 30 de la Policía Municipal de Madrid.

Las detenciones  de los miembros de esta organización, así como de las personas a  sabiendas facilitaron las falsificaciones y contrajeron matrimonio,  se han realizado en Madrid capital y en Valdemoro, en donde también se han efectuado cinco registros en domicilios.

La investigación no ha concluido y se estima que la red podría  haber participado en más de un centenar de matrimonios de  complacencia.

Ahora los agentes están analizando toda la documentación incautada para destapar otros posibles casos de  falsedad.