El Gobierno escenifica la ruptura del diálogo social

  • El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, da por "finiquitado" el diálogo
  • Ha culpado a la CEOE, por su "postura inamovible e intransigente"
  • Corbacho ha confirmado las palabras del presidente Zapatero
  • La CEOE niega pedir "despido libre" y critica la "poca motivación" del Gobierno
  • Los sindicatos no encuentran "credibilidad" en la CEOE
RUBÉN HERAS - MADRID El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha certificado el final de las reuniones de la mesa de diálogo social después de dos meses de intenso trabajo entre el Gobierno, los sindicatos y la CEOE, a la que tanto Zapatero como Corbacho han culpado de la ruptura por su "postura inamovible e intransigente".

Por su parte, la patronal se ha defendido de las acusaciones y ha culpado al Gobierno de "falta de motivación". Además, ha asegurado que "nunca ha propuesto alterar los derechos adquiridos de los trabajadores".
 
Sin embargo, según Corbacho, la CEOE "ha planteado condiciones inasumibles en terminos presupuestarios que pondrían en riesgo las pensiones y los derechos de los trabajadores, por lo que no estamos dispuestos a admitir su propuesta".

En este sentido, el ministro de Trabajo ha destacado cuatro exigencias de la patronal "inasumibles" por el Gobierno: "flexibilización del mercado laboral que conduciría a la precaridad; la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que pondría en riesgo las pensiones; rebaja de impuestos que significaría el retroceso del estado del bienestar y la privatización del control sanitario de las bajas laborales".

Además, Corbacho ha asegurado que no han encontrado el "esfuerzo" que esperaba en la CEOE. Esfuerzo que sí ha dicho encontrar en los sindicatos que, "desde la exigencia, han antepuesto la responsabilidad".

El ministro de Trabajo ha lamentado este final ya que lograr un acuerdo en estos momentos "era un mensaje a la sociedad de que vamos a trabajar todos juntos para mejorar la situacion". "No ha sido posible", ha dicho, pero sí ha asegurado que "el Gobierno lo seguirá intentando y espera contar con amplios sectores de la población".

Zapatero: "Es una propuesta para el fin del diálogo"

De esta manera, y tras la última reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal, Corbacho se ha manifestado en la misma línea que Zapatero, que este mismo viernes se ha mostrado "decepcionado" con la CEOE, porque "no ha arrimado el hombro" en el diálogo social.

El presidente del Gobierno también había calificado de "inasumibles" las peticiones de la CEOE, porque atentan contra el sistema de la Seguridad Social y el marco de relaciones laborales.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha defendido la propuesta planteada por el Ejecutivo, que considera "equilibrada" porque contiene medidas de apoyo tanto para las empresas como para  los desempleados. En concreto, ha avanzado que el 13 de agosto el Consejo de Ministros aprobará por decreto ley una nueva ayuda a los parados.

"No es una propuesta para el diálogo, es una propuesta para el fin del diálogo", ha añadido el presidente del Gobierno, que apunta que esto demuestra una "escasa voluntad" por parte de la CEOE para conseguir un acuerdo.

Los sindicatos no encuentran "credibilidad" en la patronal

La tercera pata de la mesa del diálogo social, los sindicatos, han dado por cerrada la actual etapa del diálogo social. El secretario de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha asegurado que en la reunión tripartita de esta tarde se ha "levantado el acta de defunción de esta etapa del diálogo social".

Aunque asegura que la CEOE quiere seguir negociando, ha vuelto a reivindicar sus demandas de rebaja de cotizaciones y de una reforma laboral "a futuro". Sin embargo, CC.OO. y UGT "hemos constatado que no hay credibilidad" en las palabras de los empresarios y por tanto no se puede seguir negociando.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha calificado la última reunión como "muy rápida" y ha coincidido en apuntar que la CEOE sigue pidiendo las medidas que Zapatero considera "inasumibles". En cuanto al decreto-ley anunciado por el presidente del Gobierno, Ferrer ha considerado "oportuna" esta decisión, pero ha recordado que tanto UGT como CC.OO. piden que esa protección tenga una vigencia de un año.
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