EFE Las autoridades chinas han exigido al Gobierno español que haga "cesar definitivamente" la investigación abierta en la Audiencia Nacional a ocho dirigentes políticos y militares del actual Ejecutivo chino -entre ellos tres ministros- por su actuación en los disturbios registrados en Tíbet en marzo de 2008.

Así lo ha manifestado el Gobierno chino en su respuesta a la comisión rogatoria librada por el juez Santiago Pedraz solicitando interrogar como imputados a los tres ministros chinos que investiga por su presunta relación con la represión de las protestas en Tíbet antes de que comenzaran los últimos Juegos Olímpicos, han informado hoy fuentes de la Audiencia Nacional.

La respuesta de China

Según la respuesta remitida a Pedraz, "China deniega con firmeza cualquier solicitud de asistencia judicial relacionado con este caso", abierto en la Audiencia Nacional tras admitir el magistrado a trámite una querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

Para China, añade el escrito, la tramitación "de dicha falsa querella ha violado los principios básicos de jurisdicción e inmunidad de Estado que el derecho internacional establece".
Tampoco cree que la petición del juez español pertenezca a "la cobertura del tratado sobre asistencia judicial en materia penal en ambos países".

Por todo ello, y a través de su respuesta a Pedraz, exige que el Gobierno español "asuma las responsabilidades del Derecho Internacional que le corresponden y adopte las medidas inmediatas y eficaces para prevenir cualquier abuso" del mencionado tratado de asistencia judicial entre ambos países, "haciendo cesar definitivamente y cuanto antes" la tramitación de esta causa.

Comienzo de las investigaciones

Pedraz comenzó a investigar estos hechos el pasado 5 de agosto, tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos celebrados en China el pasado año, al considerar que ocho responsables políticos y militares del actual gobierno chino podrían haber incurrido en un delito de lesa humanidad por dirigir desde el 10 de marzo de 2008 un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", causando 203 muertes, 1.000 heridos graves y 5.972 desaparecidos.

La Audiencia Nacional se declaró el 10 de enero de 2006 competente para investigar el supuesto genocidio en Tíbet ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.