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Aborto libre hasta la semana 14 y sin consentimiento paterno desde los 16

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El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de Interrupción voluntaria del embarazo

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves el anteproyecto de reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que establece el aborto libre hasta la semana 14.  El anteproyecto sitúa además en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Se permitirá además el aborto hasta la semana 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto y presenta graves anomalías. A partir de aquí, sólo cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, se podrá abortar.

La nueva norma sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1984 y se incluíra en el marco de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva. El Gobierno velará por el cumplimiento efectivo de este derecho en la Sanidad Pública a través de la Alta Inspección Sanitaria, ya que en la actualidad más del 90% de los abortos que se llevaron a cabo el pasado año se efectuaron en clínicas privadas.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha estado acompañada de la titular de Igualdad, Bibiana Aído.

En relación a la polémica por permitir que una menor de entre 16 y 18 años pueda abortar sin consentimiento paterno, la titular de Igualdad ha dicho que en el anterproyecto se ha añadido una disposición final que modifica la ley de autonomía del paciente para que los menores tengan la misma autonomía con respecto al aborto que respecto a cualquier decisión médica. 

"Hemos oído la voz de todos los que han querido participar"

La número dos del Gobierno ha señalado que la nueva ley se sienta sobre cuatro bases: derechos, garantías, seguridad y respeto. Ha dicho, además, que el Gobierno ha oído la voz "de todos los que han querido participar".  A su juicio, el debate sobre el aborto ha sido "tranquilo, abierto y sensible a todas las posiciones". 

La reforma de esta ley ha suscitado una gran polémica y cuenta con la oposición frontal del PP, la Iglesia Católica y los grupos pro vida. La vicepresidenta ha destacado que con esta ley se quiere salvaguardar la dignidad de la mujer ante una decisión "tan difícil" como es la interrupción del embarazo.

"Emocional y personalmente es una encrucijada muy difícil de plantear", ha añadido de la Vega. Por su parte, la ministra de Igualdad ha señalado que ninguna mujer será penada con cárcel por abortar, aunque sí se castigará el incumplimiento de la ley.

El texto recoge las principales recomendaciones del comité de expertos nombrado por el Ministerio de Igualdad para reformar la ley y las conclusiones de la subcomisión del Congreso de los Diputados creada a tal efecto. Para Aído, con esta norma España se equipara a la mayoría de los países de nuestro entorno.

Plazo no inferior a tres días para tomar la decisión

Según Aído, se trata de una ley "equilibrada" que ofrece las mayores garantías jurídicas a las mujeres y la mayor seguridad para los profesionales.

La ministra ha señalado que la interrupción del embarazo se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público Nacional y ha señalado que el Gobierno intensificará sus esfuerzos en prevenir los embarazos no deseados aumentando las acciones informativas y formativas.

Los poderes públicos quedan obligados a promover el acceso universal a la información y educación sexual, a programas de salud reproductiva y a métodos anticonceptivos.

Los centros tendrán que informar a la embarazada sobre las posibles ayudas a las madres, centros de información sobre anticoncepción y derechos laborales vinculados a la maternidad, entre otros asuntos. Una vez recibida esta información, la mujer tendrá un plazo de tres días para madurar la decisión del aborto. No se practicará el aborto antes de este plazo.

Polémica por la píldora postcoidal

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha asegurado que "las farmacias están obligadas a cumplir con la normativa vigente", después de que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, haya dicho que no se dispensará en los centros de salud municipales madrileños la píldora poscoital sin receta médica.

Sobre la píldora poscoital o del "día después", Aído ha añadido que "no hay evidencias científicas según los datos de los que dispone el Gobierno de que tenga efectos secundarios", y ha agregado que el Ministerio de Sanidad ha iniciado sus contactos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para elaborar un protocolo sobre cómo informar a los jóvenes de salud sexual y reproductiva.

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