La nigeriana Safiya Hussaini fue absuelta de morir lapidada tras una intensa campaña de Amnistía Internacional en España.REUTERS
Empezó en la clandestinidad. Corrían los años de la Transición y el embrión de la futura sección de Amnistía Internacional en España comenzaba a organizarse. Mientras el franquismo daba sus últimos coletazos, un grupo de hombres y mujeres lucharon, desde la sombra, en casos que sacudieron a la opinión pública española e internacional: el juicio a los militares de la Unión Militar Democrática (1975), el proceso contra Albert Boadella por su obra La torna o las últimas ejecuciones del régimen franquista (1975).
El 10 de febrero de 1978, después de las primeras elecciones democráticas, Amnistía Internacional se establece legalmente en España. Tenía 400 socios. Al acabar el año, alcanzaba ya los 900. Desde entonces, ha trabajado en más de 350 casos individuales, de los que 200 eran presos de conciencia.
El perfil del activista
Amnistía Internacional tiene más de 1.400 voluntarios en España. La mayoría tienen entre 35 y 45 años y dedican entre 3 y 5 horas a la semana a colaborar con la ONG. Más de la mitad posee estudios universitarios.
Chema García lleva desde 1982 colaborando con esta ONG. Por aquel entonces, cuenta a RTVE.es, "los casos de Guatemala o el Salvador eran especialmente duros, con torturas, asesinatos... Recuerdo un informe de 1983 sobre sobre asesinatos políticos en Guatemala, con más de 2.100 asesinados en áreas rurales. En la lista de víctimas había una niña de sólo seis meses. Se llamaba Martina", señala.
Chema se enroló en Amnistía nada más terminar la carrera de Física. Reconoce que aquella decisión le cambió la vida: "No es lo mismo ver o leer noticias a que te cuenten la situación de pobreza, explotación y violación de derechos humanos. Te hace ver los problemas desde un punto de vista más humano", explica
Ahora, con 51 años, sigue en la brecha como responsable de las relaciones de la ONG y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo peor son "los malos tratos policiales", denuncia este activista histórico. "El Gobierno debería tomar medidas para garantizar un mejor control de estos casos. Y que los que se denuncien prosperen judicialmente: hoy en día tardan mucho y, al final, hay pocas condenas".
Aunque García reconoce que en estas tres décadas España ha avanzado mucho en materia de derechos humanos, asegura que todavía queda mucho por hacer, sobre todo, en el campo de la memoria histórica: "La Ley se queda un poco corta. España está considerada por la ONU como un país con desapariciones sin resolver. Esto es una cuestión de Estado, hay que investigar qué ha pasado con esos desaparecidos y exhumar sus restos. Y darles algún tipo de reparación y de justicia, porque fueron asesinados por motivos políticos", recuerda.
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